El portavoz de Izquierda Unida (IU) en el Congreso de los Diputados y secretario general del Partido Comunista de España (PCE), José Luis Centella, ha advertido de que la federación de izquierdas va a dar "la batalla" ante unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2012 que "obligan" a cambiar el modelo autonómico de este país.

En rueda de prensa en Sevilla junto al coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, Centella ha acusado al Gobierno de la Nación de modificar los estatutos de autonomía de distintas comunidades "por vía decreto", lo que ha considerado "una modificación de la Constitución por la puerta falsa".

El dirigente de izquierdas, que ha señalado que el Tribunal Constitucional (TC) tiene que defender los estatutos de autonomía por tratarse de "leyes orgánicas", ha instado al Gobierno a que si quiere modificar la Constitución en este sentido que lo haga a través de un referéndum "y no acabando directamente con su título VIII".

Centella ha hecho un llamamiento a defender en la calle la capacidad de autogobierno de las comunidades autónomas y se ha referido a la situación de Andalucía, apuntado que el Gobierno de Mariano Rajoy quiere convertir a la Junta en "un mero ente administrativo que no pueda elegir su propia política económica".

En esta línea, ha señalado que el Gobierno central va en contra de lo que logró el pueblo andaluz el 28 de febrero, "que no se consiguió solo en los despachos, sino en las calles y plazas". En su opinión, el presidente del PP-A, Javier Arenas, quiere "imponer" en Madrid lo que no consiguió ganar en las pasadas elecciones autonómicas.

Al hilo de ello, ha dicho que el líder de los 'populares' andaluces, como senador que es, tendrá que pronunciarse en la Cámara Alta sobre si está con el Gobierno de Rajoy o con el pueblo andaluz. "Deberá decir si apoya los recortes en función del PIB y no del peso poblacional, que es lo más insolidario que puede haber", ha añadido.

Finalmente y en relación al sector financiero, Centella ha considerado necesario que se investigue en una comisión parlamentaria lo ocurrido con la gestión de Bankia y de otras entidades financieras, a las que el Gobierno ha inyectado fondos públicos.