El Servicio Jurídico de la Diputación de Córdoba ha denunciado al fiscal la existencia de "indicios" de que se ha podido cometer "un delito de malversación de caudales públicos", en la cantidad de 76.113 euros, y también otro "posible delito de prevaricación", por parte del exgerente del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios de la Diputación de Córdoba, Antonio Navarrete.

Así consta en la citada denuncia, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que se da cuenta al fiscal de que tales hechos han quedado reflejados en un "informe-estudio" realizado por el interventor de la Diputación, "que es la continuación de otros informes anteriores acerca de la situación del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios, del que forma parte esta institución provincial, en los que se han detectado determinadas irregularidades, ya denunciadas a la Fiscalía el pasado 3 de abril".

En el nuevo estudio se analiza pormenorizadamente la realización y contabilización de determinados pagos efectuados a la sociedad Serlinco, entre noviembre de 2010 y febrero de 2012, "por el concepto de servicio de limpieza" de los parques de bomberos del Consorcio", sin embargo, el interventor ha destacado que "no consta que se haya realizado expediente de contratación" con Serlinco, ni de que exista tampoco "contrato administrativo, cuando la cuantía del servicio prestado excede del importe del contrato menor previsto para los contratos de servicios" en la Ley de Contratos del Sector Público (18.000 euros).

A juicio del Servicio Jurídico de la Diputación, detrás de ello hay "una actuación consciente y deliberada, dirigida a desconocer el ordenamiento jurídico administrativo destinado a proteger los intereses públicos en la elección del contratista adecuado", con lo que "se puede deducir que existen indicios, al menos, de un posible delito de prevaricación, del artículo 404 del vigente Código Penal, o cualquier otro que la Fiscalía considere que puede existir, del que pudieran resultar responsables las personas a cuyo cargo se encontraba el cuidado de la organización y patrimonio" del Consorcio, "especialmente, aunque procedería la investigación de otros posibles autores, de la persona que ostentaba el cargo de gerente, don Antonio Navarrete Rubio".

Pero, para el Servicio Jurídico de la Diputación, "más importante aún" es que el interventor "haya detectado nueve pagos, cuyo importe total asciende a 76.113 euros, mediante sus respectivas nueve transferencias, en las que figura como destinatario la citada empresa Serlinco, pero que en realidad son ingresadas en la cuenta personal del propio gerente del Consorcio, el señor Navarrete Rubio, sin que se conozca razón alguna para ello, por lo que existe una prueba documentada de que el dinero reseñado, procedente de los caudales públicos del Consorcio, ha ido a engrosar el patrimonio privado del citado gerente, utilizando el artilugio de hacer coincidir los importes de las transferencias con los correspondientes a las facturas que se abonaban a la empresa de limpieza por sus servicios e igualmente la denominación de las anotaciones contables, cuando el destino de tales fondos era la cuenta particular de la persona que tenia los fondos a su cargo".

Tales hechos, según el Servicio Jurídico de la Diputación, "permiten presumir indicios de existencia de un delito de malversación de caudales públicos, de los artículos 432 y siguientes del Código Penal, o cualquier otro que la Fiscalía estime que pueda existir, que esta parte se ve en la obligación legal de poner en conocimiento de esa autoridad, a efectos de que se investiguen los mismos y a los posibles autores y cómplices de los mismos, si existieren".

PERSONACIÓN

Por todo ello, la Diputación, a través de su Servicio Jurídico, solicita al fiscal, "previas las comprobaciones oportunas y cuantas diligencias sean menester, entre ellas la documentación que se considere necesario requerir al organismo en cuestión" o a la propia Diputación, que determine "si existen infracciones penales en los referidos hechos, quiénes puedan ser sus autores, en tal caso, y se exija la responsabilidad penal y civil que corresponda".

Junto a ello y "una vez adoptada por la Fiscalía la decisión de inicio de las actuaciones correspondientes", se le solicita por la Diputación que la informe, "con objeto de conocer la incoación de las diligencias por el juzgado, a efectos de personarnos para ejercitar nuestro derecho en nombre de esta administración".