Integrantes de UGT y Comisiones Obreras se concentrarán mañana, martes 29 de mayo, ante la sede de la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP), en Valladolid, y en otros puntos del resto de capitales de provincia de Castilla y León para "poner cara" a los problemas que están sufriendo los empleados de las administraciones locales como consecuencia de las reformas del Gobierno y de los planes de ajustes aprobados por los ayuntamientos.

Según han asegurado los responsables regionales de Administración Local en UGT y CC.OO., Marcos Citores y Soledad Marcelino, respectivamente, esos planes de ajustes están suponiendo ya despidos colectivos, adelgazamiento de las plantillas y pérdida de prestación de servicios en muchos ayuntamientos y entidades locales de Castilla y León en los que trabajan unos 30.000 empleados de los que entre un 30 y un 40 por ciento tienen una "situación incierta" y podrían ver peligrar sus puestos.

Tras recordar que las administraciones locales son las más cercanas a los ciudadanos, los sindicalistas han advertido de las "condiciones extremas de precariedad" en las que trabajan muchos de los empleados municipales con sueldos "mileuristas o por debajo" y con una merma en las condiciones de trabajo que afectarán también a la prestación de los servicios a los ciudadanos.

Soledad Marcelino ha advertido de que la situación es "un auténtico desbarajuste" y, tras reconocer que hay una crisis a nivel global, ha considerado que ésta se ha profundizado más en los ayuntamientos ya que la falta de financiación real a la que han tenido que hacer frente en los últimos años en los que se han prestado servicios de otras administraciones ha incrementado su deuda y les ha puesto en una situación de "quiebra".

A esto ha sumado la Ley de Saneamiento del Gobierno, que supone, a su juicio, una nueva financiación y una deuda más a un interés de casi el 6 por ciento que impedirá que haya algo de dinero hasta 2022.

La sindicalista ha lamentado además las decisiones unilaterales y por decreto de alcaldía que se están adoptando en el planteamiento de esos planes de ajuste en condiciones "bastante peores" a las de los propios expedientes de regulación de empleo y sin negociar con los representantes de los trabajadores.

En el mismo sentido se ha pronunciado el secretario regional de Administración Local de CC.OO. que ha calificado de "sangrante" que se estén produciendo estas situaciones en las entidades locales mientras se están dando dinero público a los bancos para que luego se lo presten a los ayuntamientos a un interés del 6 por ciento. "Es vergonzoso", ha continuado Citores, que ha abogado por buscar una fórmula para salvar una situación "intolerable" que ha convertido además una deuda mercantil adquirida con los proveedores en una deuda financiera.

Así, ha recordado que según el Plan de Pago a Proveedores del Gobierno los ayuntamientos sólo pagarán interés en los tres primeros años sin amortizar capital hasta el cuarto ejercicio, lo que puede derivar en una "situación bastante peor" si en 2013/2014 no se ha salido de la crisis.

Ambos sindicalistas han advertido de que en muchos casos se está aprovechando además para externalizar servicios que, a la larga, encarecerán la prestación de los mismos —han cifrado este incremento en un mínimo del 28 por ciento, 10 por ciento en concepto de beneficios de la empresa y 18 por ciento por la aplicación del IVA—.

Según han advertido, además de en el Ayuntamiento de León, donde se ha acordado el despido de 73 personas, para lo que se ha contratado al despacho de abogados de Manuel Pizarro, la situación también es delicada en los ayuntamientos de Zamora y Laguna de Duero y Cabezón de Pisuerga, en Valladolid.