El Fiscal Superior de Galicia, Carlos Varela, ha aconsejado este viernes a los afectados por las participaciones preferentes contemplar la posibilidad de acogerse al arbitraje, solución que defiende la Xunta, por ser una vía "más rápida" que la judicial. Y es que, aunque existe el compromiso de presentar la demanda colectiva en el plazo aproximado "de un mes", ha recordado que los plazos de la Justicia "son los que son".

"Muchos casos pueden ser susceptibles del arbitraje. Es una fórmula interesante y a ser evaluada por parte de los perjudicados porque sería mucho más rápida que la judicial", ha defendido Varela, tras firmar un convenio encaminado a estudiar el contexto de la violencia machista en Galicia con el conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, y la secretaria xeral de Igualdade, Susana López Abella.

Preguntado por la demanda de las preferentes y sus plazos de resolución, el Fiscal ha indicado que, si a un afectado se le garantiza que va a recuperar el dinero porque el laudo arbitral le será "favorable", éste debe pensar "si le conviene" acogerse a esta fórmula y no esperar a una demanda judicial, puesto que la Justicia, ha insistido, "tiene sus plazos".

En cualquier caso, ha subrayado que el arbitraje es una vía "voluntaria" y que la acción que prepara la Fiscalía cubrirá aquellos casos en los que se constate que hubo "un abuso" a la hora de cerrar el contrato de la participación "por falta de información" y que decidan no optar por la vía arbitral.

Estudio y perfil

En cuanto a la preparación de la demanda colectiva, Varela ha subrayado que la Fiscalía está realizando los estudios correspondientes a los 500 primeros contratos, que la Consellería de Economía le ha trasladado a través del Instituto Galego de Consumo (IGC). En concreto, se trata de determinar si fue o no un producto adecuado para un perfil específico de usuario.

"Si llegamos a la conclusión, como parece ser, por ejemplo en relación a los pensionistas, que fue un producto indebidamente comercializado, pues trataremos de conseguir que el juez declare que hubo una cláusula abusiva por falta de información suficiente y que, a partir de ahí, dicha cláusula sea expulsada del contrato y que los afectados puedan recuperar sus depósitos", ha explicado.

Eso sí, ha advertido de que esto no quiere decir que "todo el mundo" pueda ser "perjudicado" ni entre en el perfil que amparará la Fiscalía en su demanda, puesto que habrá usuarios, ha indicado, que suscribieron un contrato para este tipo de producto y sí disponían de "información suficiente sobre el mismo".

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