El rector de la Universidad de Sevilla (US), Antonio Ramírez de Arellano, ha exigido a la comunidad educativa en general y a sus estudiantes en particular "un grado extra de rigor" en la aplicación del paro académico de dos semanas (del 24 de mayo al 7 de junio) que convocaron el pasado viernes y que hoy mismo ha contado con el visto bueno de la institución académica.

Durante su intervención ante el Claustro ordinario celebrado este lunes en la US, donde ha informado de que la convocatoria del paro cumplía con "los requisitos exigidos por la normativa vigente", Ramírez de Arellano ha hecho un alto en su discurso para trasladar a dicho órgano una reflexión que ha calificado de "oportuna" dado que las reivindicaciones coinciden con el final del curso académico y, por tanto, con los exámenes.

"A diferencia del derecho de huelga, en cuyo ámbito, como principio, se puede o no acudir al puesto de trabajo, el paro académico implica el cese de las actividades docentes —clases, prácticas, tutorías evaluaciones— para todos los estudiantes de la universidad; tanto para los que han apoyado en las asambleas la propuestas del paro, como los que no lo han hecho. Debemos ser conscientes de que se afectan los derechos y expectativas de muchas personas en una dirección u otra. Tenemos, por tanto, que exigirnos un grado extra de rigor al aplicar esta medida. Nunca debe ser el resultado de una reflexión frívola, ni una acción festiva", ha argumentado.

Por ello, y tras insistir en que la convocatoria del paro se ha admitido "en aplicación" del derecho que asiste al Cadus para ello, ha señalado que el equipo de Gobierno que lidera, en colaboración con los directores y decanos de los centros y los directores de departamentos, "solo puede canalizar estas convocatorias, procurando las mayores dosis de entendimiento y racionalidad". "Lo hago rogando a los convocantes, al Cadus especialmente dada la naturaleza singular del paro académico, plena consciencia de la decisión que han tomado, a la vez que un compromiso de revisión permanente de los efectos de la medida, como cabe esperar de personas maduras que comprenden lo delicado de la situación", ha apostillado.

Sobre todo, según ha recalcado, porque "estamos en un momento histórico en el todos debemos exigirnos los más elevados niveles de compromiso, dando lo mejor de nosotros en lo práctico y en lo ético". No en vano, es la primera vez que la enseñanza universitaria y no universitaria acuerda movilizaciones conjuntas y una huelga general en el sector, hecho sin precedentes que tendrá lugar mañana 22 de mayo.

Es por ello por lo que Ramírez de Arellano considera que la US "debe ser consciente de la alta responsabilidad que le cabe" y "dar ejemplo tanto en los momentos de normalidad, en los que desarrollamos en el mismo espíritu nuestra actividad, como en los actuales de incertidumbre, en los que tememos, como ya he tenido la oportunidad de decir, que se aproveche la difícil coyuntura económica para desmantelar el modelo público de universidades, promoviendo una vuelta atrás llena de torpes matices y unilateralidades".

En esta línea crítica con los recortes educativos, el rector de la US ha vuelto a señalar al Ministerio de Educación, Cultura y Deportes —"a la espera por otro lado del posicionamiento definitivo de la Junta de Andalucía"— como el responsable de "poner en riesgo la cohesión y la unión de las personas que conformamos la comunidad universitaria para el fin que servimos, en el mandato que cumplimos de la sociedad". "En este momento de dificultad, sólo ruego a todos un esfuerzo especial por la unidad", ha reclamado.

El claustro,

También en contra de los recortes

Tras la intervención del rector, el Claustro de la Universidad de Sevilla ha aprobado por "unanimidad y asentimiento" la adhesión de este máximo órgano colegiado a la 'Declaración de la Mesa del Claustro contra los recortes del Gobierno central en materia de Educación', aprobada la pasada semana.

En esta declaración, realizada tras analizar el contenido del Real Decreto Ley de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, la Hispalense rechaza "el procedimiento seguido por el Gobierno para la elaboración" de dicha norma en tanto en cuanto se ha aprobado "sin ningún tipo de contacto previo con las Universidades, ni a través de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, ni a través del Consejo de Universidades; ni con los representantes de los empleados públicos —en la medida que afecta a las condiciones de trabajo del profesorado y del PAS—; ni con el Consejo de Estudiantes".

Igualmente, el Claustro rechaza el "incremento desproporcionado de la tasas tanto en grados como en másteres, pues estas medidas van a dificultar el acceso y la permanencia en la Universidad del alumnado más vulnerable económicamente y se corre el riesgo de exclusión social" y exige "una política de becas amplia que garantice la equidad e igualdad de oportunidades y minimice las graves consecuencias en el tejido social de la crisis económica en la que estamos", ya que el actual volumen de becas en España representa "solo una tercera parte de la media de los países de la OCDE".

Según la Hispalense, existen tres aspectos de "especial complejidad" en el Real Decreto de medidas urgentes y cuya interpretación "genera dudas", por lo que puede "enrarecer la convivencia entre los diferentes miembros de la comunidad universitaria, añadiendo la confusión y la incertidumbre a la situación general de dificultades a la que ya nos enfrentamos".

Estos aspectos son tres fundamentales: que la unidad de medida utilizada como referencia para la dedicación del profesorado (el crédito ECTS) es, en puridad, una medida de la dedicación del estudiante para la obtención de un determinado conjunto de competencias, por lo que "el número de horas de dedicación del profesorado de cada ECTS varía entre cada Universidad y tipo de enseñanza"; que el hecho de que la dedicación del profesorado se module al alza o a la baja dependiendo del número de 'sexenios' de investigación implican "desigualdad" entre el profesorado porque su solicitud, de carácter voluntario, "ha estado restringida al profesorado funcionario" y su concesión es "confidencial"; y, en tercer, lugar, que el establecimiento de los rangos de las tasas universitarias se definan a partir de porcentajes de los costes de los estudios supone que el coste de los estudios, por tanto, "no está fijado con precisión, de ahí que pueda depender de la titulación y estar sujeta a diferentes interpretaciones".

Por todo ello, y por la "inquietud" que generan estas modificaciones en la planificación de las carreras académicas del profesorado, en las condiciones laborales de las plantillas y en la planificación de los estudios del alumnado, la US reiterado su rechazo al Real Decreto Ley pidiendo al Ejecutivo de la Nación su retirada y ha proclamado su "clara y firme defensa de un modelo de Universidad pública, al servicio de la sociedad en su conjunto, y con vocación de contribuir de manera constructiva y crítica al desarrollo equilibrado y justo de la sociedad así como a su cohesión desde la promoción de la docencia, la investigación, el estudio y la cultura".

En esta misma línea, ha instado al Gobierno de Andalucía "a que aborde las responsabilidades que le corresponden en el marco de sus competencias, asumiendo de forma inequívoca una financiación pública suficiente del Sistema Universitario Andaluz, y una política de tasas y becas que garantice la igualdad de oportunidades y la equidad".