El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación evita elevar el tono tras el último incidente entre pescadores españoles con la Policía de Gibraltar y la Royal Navy en las aguas en disputa que rodean el Peñón. Un portavoz del departamento ha indicado a Europa Press que el episodio de anoche es "uno más" de los que se vienen sucediendo desde marzo.

Tras recordar que el enfrentamiento verbal anoche entre tres embarcaciones algecireñas, protegidas por la Guardia Civil, con la Policía gibraltareña y una patrullera de la Royal Navy se resolvió "sin mayores incidencias", el portavoz ha confirmado que el Gobierno español sigue "confiando en que sea posible alcanzar un acuerdo" que permita a los pescadores faenar en esas aguas como venían haciendo desde 1999.

"Queremos que las negociaciones lleguen a buen puerto", ha asegurado el portavoz, confirmando así la voluntad de España de intentar resolver el conflicto "con espíritu de colaboración", a pesar de este último incidente.

Eso sí, hasta que se alcance una solución la Guardia Civil seguirá protegiendo a los barcos que salgan a faenar en las aguas que rodean el Peñón, pues se trata de unas aguas que nuestro país no reconoce a Reino Unido, dado que no las cedió por el Tratado de Utrecht de 1713, ha aclarado.

Desde Exteriores se destaca que los pescadores de La Línea de la Concepción y de Algeciras llevan pescando en esas aguas "desde tiempo inmemorial" y si en el pasado fue posible alcanzar un acuerdo con Gibraltar, también debería serlo en el futuro.

Dado que el actual Gobierno del PP ha dado por muerto el Foro de Diálogo sobre Gibraltar que crearon los socialistas con los Ejecutivos de Reino Unido y Gibraltar, las negociaciones en busca de un arreglo se llevan directamente entre el Ejecutivo del Peñón con las cofradías de pescadores, con el apoyo de las autoridades locales.

Problemas solo con algeciras

El martes pasado la alcaldesa de La Línea de la Concepción, Gemma Araujo (PSOE), y el también socialista ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, acordaron crear un grupo de trabajo para evitar más conflictos pesqueros.

De hecho, desde entonces no han vuelto a producirse más incidentes con las embarcaciones linenses, 53 en total frente a las seis de Algeciras, municipio gobernado por el 'popular' José Ignacio Landaluce.

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo, viajará el martes a Londres, donde abordará el contencioso con su colega británico, William Hague, al que reclamará que la flota gaditana vuelva a faenar sin restricciones en las aguas en disputa que rodean Gibraltar, como venía sucediendo desde 1999 hasta que el Gobierno gibraltareño rompió en marzo el statu quo.

España espera que el Reino Unido llame al orden a Gibraltar y le fuerce a llegar a un acuerdo similar al que el anterior Ejecutivo de La Roca de Peter Caruana pactó en 1999 con las cofradías de pescadores.

Aunque los ministros abordarán otros asuntos de la agenda bilateral, hablarán de Gibraltar y del problema con los pescadores pues España y Reino Unido han decidido que del contencioso se ocupen los jefes de la diplomacia para evitar elevar así las diferencias a las conversaciones entre los primeros ministros.

España y Reino Unido, socios en la UE, no quieren que el histórico contencioso en torno a Gibraltar acabe contaminando toda la relación, que va mucho más allá del Peñón.

El conflicto con los pescadores españoles comenzó en marzo pasado, unos meses después de que el nuevo ministro principal del Peñón, Fabian Picardo, desbancara a Peter Caruana con una campaña electoral centrada en acusar a su antecesor de haber cedido soberanía a España con el acuerdo de 1999.

Picardo quiere imponer a la flota gaditana el cumplimiento de una ley de protección medioambiental de 1991 que prohíbe que se pesque con determinadas artes. España no tiene nada que objetar al objetivo de la norma. El problema estriba en dónde se puede aplicar esa ley, pues existe una disputa en torno a la soberanía de las aguas que rodean el Peñón.

España, basándose en el Tratado de Utrecht por el que cedió a la Corona Británica la ciudad de Gibraltar, no reconoce a Reino Unido más aguas que las del interior del puerto. Londres, en cambio, entiende que por aplicación de la convención de la ley del mar tiene una milla y media de aguas territoriales hacia Algeciras y tres millas hacia mar abierto.