El titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Granada, el magistrado Miguel Ángel del Arco, ha abierto diligencias contra 13 personas, entre ellas el que fuera vicepresidente de la Diputación por IU en el anterior mandato, Julio Bernardo, y la mujer del actual portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, por la supuesta gestión irregular de los fondos del programa Poctefex, en la organización la feria empresaria Mercamed en Tetuán y en la realización del proyecto de un museo en Chaouen, en Marruecos.

Se investigará la supuesta implicación de estas 13 personas, entre las que se encuentran, además de los mencionados, once trabajadores o extrabajadores de la institución provincial, en los posibles delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsificación de documentos mercantiles, según la comunicación enviada por el juez a la Diputación, dada a conocer este jueves por la vicepresidenta primera, Luisa García Chamorro.

En rueda de prensa, García Chamorro ha anunciado que la administración provincial, como posible parte perjudicada, se va a personar en el proceso abierto para ejercer cuantas acciones penales y civiles considere oportunas con el fin de "velar por los intereses de todos los granadinos", y sus servicios jurídicos estudian actualmente la solicitud que se formulará ante el Juzgado e indagan en las cantidades económicas que pudieron ser supuestamente defraudadas.

"Se ha hecho un daño muy grave tanto económico como de imagen a esta Diputación y además, con esas prácticas ilegales, se están poniendo en riesgo los fondos europeos que han llegado a la institución y los que pueden llegar en un futuro", ha advertido.

La vicepresidenta ha incidido en que, tras la apertura de diligencias y la denuncia que ha formulado la Fiscalía contra estas trece personas, se evidencia que "no estamos ante indicios", sino ante la posible comisión de "los delitos más graves que puede cometer un cargo público".

Por ello, ha solicitado una respuesta "contundente" a IU, por la posible implicación del actual secretario provincial del PCE, Julio Bernardo, y que el PSOE abandone su "silencio cómplice", ya que entre las personas que van a investigarse se encuentran cargos de confianza que fueron designados por el anterior presidente de la corporación, el socialista Antonio Martínez Caler.

"Independientemente de las responsabilidades civiles y penales, exigimos responsabilidades políticas", ha indicado García Chamorro, que ha recordado que IU recoge en su código ético que apartará de la militancia a todo aquel que resulte imputado por los delitos que ahora se le atribuyen a Bernardo de manera provisional.

Asimismo, en la línea de lo que ya ha solicitado el PP en otras ocasiones, la vicepresidenta de la Diputación ha considerado que "no se sostiene" que el que fuera delegado provincial de Innovación y actual portavoz del PSOE municipal, Francisco Cuenca, "estuviera ajeno a los trapicheos que hacía su mujer en la Diputación".

En ese sentido, ha mantenido que Cuenca "no puede estar ni un minuto más en la vida pública", instando a la actual secretaria provincial de los socialistas, Teresa Jiménez, a "invitarle" a abandonar la militancia. "Si no lo hace, Jiménez demostrará que tiene algo que ocultar, o algo peor, algún favor que pagar", ha afirmado la vicepresidenta, que también ha pedido al PSOE su apoyo en este asunto y le ha animado a personarse en la causa.

En lo que respecta a los funcionarios supuestamente implicados, García Chamorro ha sostenido que la Diputación mantiene abierto el expediente informativo que inició contra ellos y no descarta, si se demuestran las irregularidades, que este proceso administrativo, que puede ir paralelo al penal, concluya en una sanción que podría conllevar suspensión de empleo y sueldo.