El excontable de UM declara este lunes en torno a la cuenta que UM abrió en Banif y sobre un desvío de 70.000 euros

El excontable de la extinta Unió Mallorquina (UM) Álvaro Llompart está citado a declarar este lunes, a partir de las 10.00 horas, en el marco de dos piezas del caso Voltor centradas en la apertura de una cuenta en Banif donde UM transfirió de forma presuntamente irregular 1,2 millones de euros, así como en el pago de unos 70.000 euros al coordinador de Informática del Instituto Balear de Turismo (Inestur) a través de dos sociedades que éste habría creado expresamente para ello y pese a estar contratado a su vez en la empresa pública.

El excontable de la extinta Unió Mallorquina (UM) Álvaro Llompart está citado a declarar este lunes, a partir de las 10.00 horas, en el marco de dos piezas del caso Voltor centradas en la apertura de una cuenta en Banif donde UM transfirió de forma presuntamente irregular 1,2 millones de euros, así como en el pago de unos 70.000 euros al coordinador de Informática del Instituto Balear de Turismo (Inestur) a través de dos sociedades que éste habría creado expresamente para ello y pese a estar contratado a su vez en la empresa pública.

Llompart, quien se ha prestado a colaborar con los investigadores de cara a obtener futuras atenuantes, confesó en dependencias de la Fiscalía que la pretensión de UM al abrir una cuenta desde el Inestur en la entidad bancaria era generar intereses en negro en beneficio del partido nacionalista, lo que quedó plasmado como una de las condiciones de la operación bancaria.

"La mecánica de hacer depósitos de fondos públicos en los bancos viene motivada porque éstos, a cambio de dichos depósitos, ofrecían contraprestaciones a los dirigentes de UM", aseveró el también exresponsable del área económica del Inestur durante una de las tres declaraciones que prestó de forma voluntaria en sede del Ministerio Público, a las que tuvo acceso Europa Press.

Tal fue, dijo, el caso del exgerente del Inestur, Antoni Oliver, el exalcalde de Pollença Joan Cerdà y el de Alcúdia, Miquel Ferrer, quienes habrían obtenido condiciones "muy favorables" de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) y de Caixa Colonya, de acuerdo a la versión de Llompart, incluida en una pieza separada del caso Voltor cuyo secreto fue levantado la pasada semana tras tres meses de sigilo sumarial.

En su comparecencia, Llompart afirmó que fue el exconseller de Turismo Francesc Buils quien, en presencia del excontable y del asesor de Banif Carlos Otero, concretó con la entidad bancaria las condiciones del depósito, que pasaban por "generar intereses en blanco para el Inestur y en negro para UM y para Buils". De hecho, recordó que el expresidente del partido Miquel Àngel Flaquer le comentó entonces que "para Buils siempre tenía que haber algo, ya que no tenía ni para comer".

Por otra parte, Llompart, asistido por el letrado Fernando Mateas, será interrogado en la pieza número 5 del caso Voltor, que investiga la tramitación por la que fue adjudicada la instalación de cámaras en las playas de Mallorca tras los atentados que ETA perpetró en 2009 en Palmanova, llevada a cabo por el responsable informático del Inestur, Carlos Martínez, a pesar de estar contratado en esta empresa pública.

Tal y como puso de manifiesto el propio Martínez en su declaración como imputado, el exconseller de Turismo Miquel Nadal estaba interesado en la instalación "en tan sólo una semana" de cámaras en las playas por seguridad tras los atentados, plazo de tiempo que motivó que ninguna empresa se ofreciese para ello. Sólo una vendió los equipos, que compró Martínez para él mismo instalarlos, tras lo cual el Inestur le refacturó la cantidad abonada (5.846 euros).

En concreto, las pesquisas apuntan a que el Inestur abonó de forma supuestamente ilegal unos ingresos que ascendieron a 62.000 euros más IVA, y que el informático percibió entre 2007 y 2009 mediante sus empresas Mediterránea 2F y TCP-IB Technologic.

El informático justificó ante la jueza que había creado ambas sociedades para poder cobrar este dinero (los aproximadamente 70.000 euros) como compensación de las horas extra y el exceso de trabajo que desarrollaba como empleado del Inestur, si bien precisó que todo ello se produjo a instancias de los servicios jurídicos de la empresa pública. Así, el encausado aportó numerosas facturas de los trabajos que le fueron encargados desde el Inestur y explicó de forma pormenorizada cada uno de los servicios que prestó.

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