La exalcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz) y secretaria local del PSOE, Pilar Sánchez, ha calificado de "sorprendente" el auto judicial por el que se le imputan cuatro presuntos delitos por su puestas irregularidades cometidas en la compra de suelo del Parque Tecnológico Agroalimentario (PTA) de la localidad. Afirma que el auto "fractura gravemente el principio de imparcialidad" y ha pedido a los jerezanos que confíen en que su gestión al frente del Ayuntamiento ha sido "honesta, sincera y ajustada a la legalidad".

En rueda de prensa, Sánchez ha dejado claro que el auto de apertura de juicio oral está recurrido y "no es firme", por lo que "no se pueden hacer juicios paralelos". No obstante, ha mostrado "respeto" por el proceso, que recuerda que lleva dos años abierto, y ha confiado en que "termine como se tiene que cerrar: archivándose".

En el auto, el magistrado advierte que hay indicios para considera que la exregidora socialista se aprovechó de su cargo público para ofrecer una rebaja de casi el 40 por ciento respecto a lo estipulado por ley a una empresa del sector sanitario, que presuntamente se benefició de "máximas ayudas" a las que podría optar para asentar su actividad en el PTA.

En este sentido, habría dado instrucciones a los delegados y técnicos municipales para que obtuviera "la mayor subvención posible", llegando a encontrarse con la "negativa de un técnico municipal" con quien habría llevado a reunirse para pedirle que redactara un informe "favorable".

El auto le atribuye los presuntos delitos de prevaricación, falsedad, malversación y tráfico de influencias. Sin embargo, Sánchez se ha preguntado "qué objeto lucrativo personal" ha visto el juez en este caso. Además, critica que esos delitos se le imputan en base a las acusaciones vertidas por el técnico municipal anteriormente mencionado, que prestó declaración en dos ocasiones después que ella en calidad de imputado y de quien dice que "quería ser gerente del PTA a toda costa".

En este sentido, ha manifestado que si alguien está imputado "no está obligado a decir la verdad" y el juez no le ha dado "la oportunidad de refutar esas acusaciones". Por ello, considera que se ha "fracturado el principio de imparcialidad" y que se han "quebrantado" sus derechos a la defensa y a la presunción de inocencia, entre otros.

"No hay datos objetivos externos que corroboren las acusaciones", ha sentenciado Sánchez, que ha argumentado que no se cometió "ninguna irregularidad" en la rebaja del precio del suelo, sino que se actuó en base a unos mecanismos regulados para "propiciar inversiones, crear empleo y poder competir con otras localidades para atraer empresas".

La exalcaldesa jerezana se refiere a este proceso como "un calvario más" que le toca recorrer, lo cual es "muy duro" porque "hay quien hace juicios paralelos". Recuerda, además, que se inició a raíz de una denuncia interpuesta en la Fiscalía Anticorrupción por el PSA, que lideraba el también exalcalde Pedro Pachecho, de cuya mano se ha visto envuelta en otra media docena de causas que "una a una se han ido archivando".