El PP ha rechazado este miércoles una Proposición No de Ley del PSIB con la que pretendía instar al Govern a pagar "sin más retraso ni condiciones" el 100% del Fondo de Cooperación Local del 2011.

Durante la Comisión de Asuntos Institucionales y Generales, la parlamentaria socialista Pilar Costa ha destacado que el Ejecutivo autonómico todavía debe un 25 por ciento de estos fondos, lo que, sumado al hecho de que "obliga a los ayuntamientos a asumir el interés bancario del confirming para poder cobrar, agrava la situación de liquidez de los municipios".

Además, Costa ha manifestado que esto supone "un grave incumplimiento de la ley, y un claro perjuicio para los ayuntamientos".

Por su parte, el PP ha justificado su voto en contra en la mala situación de tesorería del Govern. No obstante, Costa ha replicado que durante la anterior legislatura también había muchas dificultades "pero aún así pagábamos religiosamente el Fondo a todos los ayuntamientos". La diputada también ha expresado su "temor" a que el Govern no haya iniciado los expedientes para hacer los pagos del 2012, que normalmente se efectúan en verano.

Psib pide la retirada del anteproyecto de ley de función pública

Por otro lado, los 'populares' también han votado en contra de una PNL del PSIB, con la que instaban a la retirada del anteproyecto de Ley de Función Pública 3/2007 y a que "cualquier modificación de la Ley de Normalización Lingüística no se inicie si no tiene el mismo consenso social y político" que tuvo en el año 1986 la aprobación de esta ley.

Costa ha pedido la retirada de este anteproyecto, que, según los socialistas, ha recibido una "contestación histórica" en la comunidad, con más de 12.000 alegaciones desde la sociedad civil, y "ha roto el consenso político y social" que existía en la comunidad desde hace más de 25 años.

Este anteproyecto, según el PSIB, sirve "como excusa" para modificar de forma unilateral el consenso lingüístico en Baleares. En este sentido, ha señalado que enmienda cuatro leyes y deroga cinco decretos, "afectando a temas que tan poco tienen que ver con la función pública como la castellanización de los topónimos de las islas", una iniciativa que ha tildado de "inaudita".