Las organizaciones Ecologistas en Acción y WWF han lamentado este miércoles la decisión del Tribunal Supremo (TS) que resuelve que la Junta de Andalucía deberá dirigirse al juzgado de Primera Instancia número 11 de Sevilla para reclamar a la empresa multinacional Boliden Apirsa los casi 89,9 millones de euros por los gastos de limpieza tras el vertido de las Minas de Aznalcóllar (Sevilla) producido en 1998.

En este sentido, el responsable de la Oficina de WWF en Doñana, Juan José Carmona, ha lamentado, en declaraciones a Europa Press, que después de "14 años de peregrinaje por los tribunales no haya condena clara en el caso más evidente de perjuicios al medio ambiente en España en las últimas dos décadas".

Si bien, ha comentado que la resolución del TS crea una doble sensación, pues por una parte es "positivo" que "por fin" se resuelva y este asunto y se indique a la Administración andaluza "cuál es el camino a seguir", pero, de otro lado, "hay que lamentar que llegue con tantísimo retraso".

"La justicia para que sea justicia tiene que ser ágil y rápida, pero en casos que llevan más de una década eternizándose y dando vuelta por tribunales, se producirá una resolución final pero justicia como tal es difícil que se dé", ha lamentado.

Carmona, que ha abogado por conseguir "agilidad" en los procedimientos para que "no se eternicen", cree que la decisión del TS es "una lección que viene a recordar que con las empresas que se dedican a actividades peligrosas hay que ser muy serios a la hora de exigirles, previamente a la puesta en marcha de su actividad productora, todo lo relativo a controles, medidas de prevención, y, más importante aún, avales u otra formas de seguro de responsabilidades civil".

De otro lado, el representante de WWF ha afirmado que "mucho me temo que al final Boliden se pueda escapar" por el tiempo que ha pasado ya y por el que puede pasar. No obstante, ha confiado en que la justicia "conduzca a una sentencia favorable a los intereses públicos y que se recupere el dinero que se pagó para la limpieza del Guadiamar".

Carmona ha advertido de que, "si seguimos en los tiempos en los se está llevando el proceso judicial sobre este asunto, puede ser la sentencia salga 20 años después del vertido, entre recursos y recursos", por lo que reitera el rechazo de la organización sobre "el retraso absoluto" y después de "14 años de peregrinaje por los tribunales no haya condena clara en el caso más evidente de perjuicios al medio ambiente en España en las últimas dos décadas".

"nos ponemos a cero"

Por su parte, la portavoz de Ecologistas en Acción Andalucía, Lola Yllescas, ha resaltado que con la decisión del Supremo "nos ponemos a cero" al tener que comenzar ahora por la vía civil, recordando que su organización "siempre apuntó que había que seguir esta dirección, pero no se nos hizo caso", ha lamentado.

"La Junta optó por la vía penal, precisamente para eludir responsabilidades", ha subrayado. En esta línea, ha comentado que "puede ser que la Junta tuviera responsabilidades en el caso en relación a sus labores de vigilancia sobre la mina" y, según añade, "para evitar esto optó por la vía penal".

Yllescas, de otro lado, ha resaltado que "ahora el Supremo nos dice que tiene que ser por la vía civil, perdiendo 14 años". Además, también ha mostrado su temor ante el hecho de que, incluso, "el delito prescriba" por su retraso.

Por último, la portavoz de Ecologistas en Acción Andalucía ha reconocido que "no les ha sorprendido demasiado la decisión del Supremo" y lamenta que refleja "lo inútiles que somos en la defensa del dinero público y poco hábiles en la defensa de los intereses generales".