El juzgado de lo Social número nueve de Sevilla, finalmente, ha suspendido la vista oral prevista este miércoles y relativa a la demanda promovida, a título individual, por uno de los prejubilados del expediente de regulación de empleo (ERE) acordado en 2007 por la sociedad gestora del mercado central, Mercasevilla, para reclamar los compromisos de financiación de sus rentas. El Juzgado de lo Social número ocho, como se ha informado, había pospuesto previamente al 15 de junio la vista oral prevista la semana pasada por la demanda promovida al respecto por el grueso de los prejubilados de este expediente de regulación de empleo, de cuya financiación se desliga la Consejería de Empleo.

Esta demanda promovida al margen del grueso de los prejubilados, como habían informado a Europa Press fuentes del caso, se dirige contra la sociedad mixta Mercasevilla, participada por el Ayuntamiento hispalense y Mercasa y tomadora de la póliza de seguro de rentas asociada al ERE de 2007, y la división de Seguros Colectivos del Banco Vitalicio (actualmente 'Generali'), en su calidad de entidad aseguradora de las rentas de las que se desliga la Consejería de Empleo.

No obstante, y según ha informado a Europa Press el abogado que representa al prejubilado promotor de esta demanda, la sociedad mixta ha reclamado "recientemente" que la demanda sea ampliada a la Administración autonómica por su papel en el asunto, extremo que ha motivado la suspensión de la vista oral sin que el juez haya fijado nueva fecha. La parte demandante, así, goza ahora de un periodo de cuatro días para ampliar la demanda a la Junta de Andalucía, si bien el nuevo señalamiento prolongará aún más en el tiempo el debate del asunto en el seno de una instancia judicial.

La financiación del ere de 2007

Como se recordará, 34 de los 40 prejubilados de este ERE han aunado sus acciones judiciales en una sola demanda, mientras los seis restantes hacen lo propio a título individual, pero siempre reclamando los compromisos de pago que pesarían en torno a este expediente de regulación de empleo y que la Junta de Andalucía cree inválidos en el ámbito jurídico. Ya el pasado jueves, de cualquier modo, el juzgado de lo social número ocho tenía señalada la vista oral por la demanda impulsada al respecto por los mencionados 34 extrabajadores de la lonja hispalense, pues el juicio había sido inicialmente señalado para el 23 de noviembre de 2011 pero finalmente fue pospuesto. Nuevamente, la vista oral fue pospuesta, en este caso al 15 de junio.

El expediente de regulación de empleo impulsado en 2007 por el mercado central de abastos, cuyo coste se eleva a 9.046.976,95 euros como principal losa financiera de la lonja, supuso la prejubilación de 40 empleados. Las rentas de estos extrabajadores, no obstante, quedaron en el aire al desligarse la Consejería de Empleo de la financiación de este procedimiento sometido a una investigación judicial a manos de la juez Mercedes Alaya.

El papel de guerrero

En concreto, aunque el entonces director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, había firmado tres documentos mostrando su "conformidad" en cuanto al libramiento de fondos para las prejubilaciones en cuestión, el posterior director general de Trabajo y Seguridad Social Daniel Rivera advierte en un documento oficial de que estos actos firmados por Guerrero fueron "meros actos de comunicación huérfanos del sustento de cualquier resolución". La Consejería de Empleo, así, niega cualquier compromiso de financiación con las prejubilaciones comprendidas en el ERE.

El ERE de 2007, cabe precisarlo, figura en las diligencias judiciales relativas al posible delito societario perpetrado por los ex directivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce y la supuesta trama de falsas prejubilaciones descubierta en expedientes de regulación de empleo incentivados con fondos autonómicos. En este expediente de regulación de empleo, en concreto, fue descubierta la prejubilación de un miembro de la Ejecutiva socialista de Baeza (Jaén) que jamás había trabajado en Mercasevilla, toda vez que Francisco Javier Guerrero, actualmente en prisión, es uno de los principales imputados en esta causa, dado su papel al frente de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social.