El juez imputa cuatro delitos a la exalcaldesa socialista de Jerez por el 'caso del PTA'

El titular del Juzgado de Instrucción número cinco de Jerez de la Frontera (Cádiz), que instruye el conocido como 'caso del PTA', ha ordenado la apertura de juicio oral contra la exalcaldesa jerezana y secretaria local del PSOE, Pilar Sánchez, a la que se le imputan los presuntos delitos de prevaricación, falsedad, malversación y tráfico de influencias por las supuestas irregularidades cometidas en la compra de suelo del Parque Científico y Tecnológico Agroalimentario de la localidad.

El titular del Juzgado de Instrucción número cinco de Jerez de la Frontera (Cádiz), que instruye el conocido como 'caso del PTA', ha ordenado la apertura de juicio oral contra la exalcaldesa jerezana y secretaria local del PSOE, Pilar Sánchez, a la que se le imputan los presuntos delitos de prevaricación, falsedad, malversación y tráfico de influencias por las supuestas irregularidades cometidas en la compra de suelo del Parque Científico y Tecnológico Agroalimentario de la localidad.

Según han confirmado fuentes judiciales a Europa Press, en el auto emitido el magistrado advierte de que hay indicios para considerar que la exregidora socialista se aprovechó de su cargo público para ofrecer una rebaja de casi el 40 por ciento respecto a lo estipulado por ley a una empresa del sector sanitario, que presuntamente también se benefició de "máximas" ayudas a las que podría optar para asentar su actividad en el citado parque.

En este sentido, las mismas fuentes han señalado que Sánchez habría dado instrucciones a los delegados y a los técnicos municipales para que la empresa obtuviera "la mayor puntuación" para conseguir "la mayor subvención posible", llegando a encontrarse con la "negativa" de un técnico municipal, con el que la exalcaldesa habría llegado "a reunirse" para pedirle que redactara un informe "favorable".

De igual manera, han asegurado que tras la denuncia interpuesta en la Fiscalía Anticorrupción por el PSA —el partido que entonces lideraba el exalcalde y socio de gobierno de la reseñada, Pedro Pacheco—, la empresa que supuestamente se benefició de la rebaja en el precio de compra modificó su objeto social, una vez que se hizo efectiva la venta de la parcela en junio de 2008.

Además de Pilar Sánchez, en el 'caso del PTA' también está imputada una decena de personas, entre las que figuran los exdelegados municipales de Medio Rural y de Fomento, Carmen Martínez y Francisco Lebrero, respectivamente, funcionarios municipales y responsables de la empresa del sector sanitario.

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