El Gobierno de Navarra ha aprobado en su sesión de este miércoles el proyecto de ley foral de medidas urgentes en materia de personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra, que recoge entre otras la ampliación de la jornada de los empleados públicos o la jubilación obligatoria, con carácter general, a los 65 años.

Por contra, no se recoge la medida relativa a la penalización salarial por absentismo, que sí propuso inicialmente el Gobierno de Navarra.

El proyecto, que será remitido al Parlamento para su aprobación, contempla que las medidas recogidas entren en vigor el 1 de julio y que la mayor parte estén vigentes hasta el 31 de diciembre.

El Gobierno de Navarra ha adoptado ocho actuaciones que afectan a las condiciones de empleo, que se suman a otras cuatro de tipo organizativo aplicadas desde el pasado mes de febrero. Con ellas, el Gobierno de Navarra prevé ahorrar en torno a 25 millones de euros en el capítulo I (personal), que en 2011 supuso un gasto final de 1.156 millones de euros, frente a los 1.143 millones consignados en los presupuestos del ejercicio.

Estas medidas de gestión del gasto público están recogidas en el acuerdo suscrito entre UPN y PSN en cumplimiento del objetivo de déficit.

El portavoz del Gobierno de Navarra, Juan Luis Sánchez de Muniáin, ha afirmado en rueda de prensa que "ha habido diálogo y negociación en la Mesa de la Función Pública" y ha dicho que "algunas de las medidas previstas ya no están, como la que tiene que ver con la relacionada con las bajas de personal". "Esa medida se retira como consecuencia de un compromiso en la mesa de negociación", ha indicado.

No obstante, ha precisado que "si de aquí a final de año" no hay resultados en la reducción del absentismo "se ha advertido de que el Gobierno retomará la medida en los presupuestos generales del próximo año". "Ha habido negociación, ha habido encuentro, y en aquellas cosas que no se han podido poner de acuerdo se ha priorizado conseguir el ahorro", ha indicado.

Jubilación obligatoria

Entre los ajustes recogidos en el proyecto de ley, se encuentra la jubilación obligatoria a los 65 años, salvo excepciones (cuando no se haya generado derecho a pensión aunque solo hasta los 70 años, cuando sea imprescindible para la prestación de servicios o hasta la finalización del curso escolar en el caso del personal docente).

Se concede un plazo de tres meses para que solicite la jubilación el personal mayor de 65 años que en la actualidad permanece en servicio activo (en caso contrario, se declarará de oficio).

Asimismo, se suspende la paga por variables correspondiente al mes de vacaciones (trabajo en días festivos, en horario nocturno y guardias de presencia física y localizadas), y se suspende la ayuda familiar para cónyuge o pareja estable que no perciba ingresos.

Igualmente, se amplia la jornada de trabajo del personal de las Administraciones Públicas, conforme a las medidas adoptadas con carácter general para el sector público.

Se establece la jornada anual de 1.628 horas de cómputo anual (1.592 en la actualidad) y su traslación de igual manera a las diferentes jornadas existentes (1.493 horas para quienes estén a turnos de mañana, tarde y noche; 1.548 para los de jornada flexible -guarderío forestal-; 1.571 para el turno fijo de noches; 1.590 para los de turno de mañanas y tardes con trabajo en domingos y festivos; y 1.605 horas para jornada partida con trabajo en domingos y festivos).

Cada administración podrá autoorganizarse y realizar la distribución del cómputo anual en función de sus necesidades. Para determinados colectivos o ámbitos cabe la negociación con la mesa correspondiente. El Gobierno de Navarra publicará una nueva orden foral de calendario para el régimen general.

Otra de las medidas que recoge el proyecto de ley es la supresión de las dietas como indemnización por viaje motivado por razones de servicio. Solo se reintegrará el importe de los gastos justificados.

Asimismo, se limitan las prestaciones que no cubre la sanidad pública y que tienen reconocidas funcionarios acogidos al sistema de asistencia sanitaria "Uso especial", como son la óptica y la odontología (límite de 200 euros por beneficiario y año natural).

Liberados sindicales y altos cargos

En relación con medidas relativas a liberados sindicales, se prevé la reducción del actual crédito horario sindical en un 10%, y el abono exclusivo de variantes por calendario.

Finalmente, en cuanto a los altos cargos, se prevé la reducción del complemento personal para ex-altos cargos que son funcionarios, hasta el 10% del sueldo inicial de nivel de funcionario; la cancelación los seguros de vida y accidentes; la exclusión del servicio de asistencia sanitaria "uso especial" reservado a funcionarios; y la supresión de la cotización a la seguridad social, que pasará a ser descontada de la nómina.