El grupo BFA-Bankia ha pedido al Estado una ayuda pública de 19.000 millones de euros, que se sumará a los 4.465 ya inyectados, en lo que supone el rescate más caro de la historia financiera española. El dinero servirá para hacer frente a las provisiones inmobiliarias exigidas por el Gobierno, así como a las necesidades de capital detectadas por la auditoría de Deloitte, la auditora que se negó a firmar las cuentas hasta que se corrigieran estos desequilibrios.

La cifra solicitada por BFA-Bankia sorprende por lo elevado de la cuantía, que excede con mucho a los 15.000 millones de euros que el ministro de Economía, Luis de Guindos, dijo que aportaría para todo el sector en su conjunto.

En realidad, el grupo reconoce unas necesidades de provisiones y de capital superiores a los 25.000 millones, aunque el impacto "neto" quedará en unos 19.000 millones. La mayor parte corresponde a la cartera inmobiliaria, con unos 12.745 millones. A esta cifra se unen unos 5.500 millones de euros en saneamientos, a los que deberá hacer frente en el resto de la cartera crediticia si empeora la situación financiera.

Adicionalmente, el grupo BFA-Bankia necesita 6.700 millones de euros para hacer frente a las minusvalías en activos fiscales y en su cartera de participadas, que han quedado valoradas a precios de mercado.

De hecho, este era uno de los puntos de fricción con Deloite, pues la auditora se quejaba de la elevada valoración que BFA daba a su filial Bankia, y que en su opinión no se ajustaba a la realidad. La matriz tenía valorada su participación en la filial en unos 12.000 millones de euros, cuando su valor a precios de mercado es de menos de 1.500 millones. Ahora esta situación queda corregida.

Además, Bankia admite que cerró el año pasado con unas pérdidas de 2.979 millones de euros, lejos de los 309 millones de beneficio que reconoció en febrero pasado, cuando la entidad no había sido aun nacionalizada ni las cuentas habían sido auditadas.

El consejo de administración de Bankia ha presentado su dimisión en bloque, salvo el presidente, José Ignacio Goirigolzarri, y el consejero delegado, Francisco Verdú, ha informado la entidad financiera en un comunicado.

Tras la salida de los anteriores integrantes del consejo de administración de Bankia, el órgano de gobierno del banco ha acordado una profunda renovación, reduciendo su número de miembros de 18 a 10. Así, empresarios ejecutivos de diferentes sectores sustituyen a los anteriores representantes políticos y sindicales que componían el consejo de administración hasta ahora.

En concreto, se incorporan al consejo de administración de Bankia José Sevilla, como consejero ejecutivo, y como independientes Joaquín Ayuso, Eva Castillo, José Wahnon, Javier Campo, Jorge Cosmen, Fernando Fernández y José Luis Feito. Además el Consejo de Administración ha acordado el nombramiento de Amalia Blanco como directora general adjunta de Comunicación y Relaciones Externas de Bankia.

De esta forma, la primera línea directiva de Bankia queda configurada con su presidente, José Ignacio Goirigolzarri, en lo alto del organigrama, del que dependen directamente el secretario general, Miguel Crespo y la directora general adjunta de Comunicación y Relaciones Externas, Amalia Blanco. Por debajo, se sitúan José Sevilla, al frente de la Dirección General de Presidencia; Francisco Verdú, como consejero delegado; y Antonio Ortega, encabezando la Dirección General de Personas, Medios y Tecnología.

Todos los nombramientos, que se han producido por cooptación, deberán ser refrendados por la Junta General de Accionistas de Bankia.

El saneamiento del grupo se hará en dos fases, aunque antes se deberá completar la nacionalización de Banco Financiero y Ahorro (BFA), la matriz de Bankia. Para ello, se deben convertir en acciones los 4.465 millones de euros que el Estado, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), tenía en participaciones preferentes de BFA. Esta conversión "se llevará a cabo a la mayor brevedad posible", según la nota difundida por Bankia.

Posteriormente, el Estado suscribirá una ampliación de capital de 19.000 millones de euros en BFA, lo que tendrá lugar a lo largo de junio. La ampliación será suscrita también a través del FROB. Finalmente, BFA procederá a recapitalizar su filial, Bankia, con una inyección de unos 12.000 millones de euros.

Lo hará a través de una ampliación de capital en la que los actuales accionistas tendrán un derecho de suscripción preferente para los accionistas existentes. Se espera que la ampliación de capital en Bankia se complete durante octubre.

Según José Ignacio Goirigolzarri, que ha presidido el Consejo este viernes, con estas medidas coordinadas con el Gobierno y el Banco de España, "los clientes de Bankia pueden tener la absoluta confianza de que sus ahorros están ahora más seguros y garantizados que nunca".

Tras el saneamiento y recapitalización, el ratio de capital principal del Grupo BFA se estima que se situará en el 9,8 % (el 9,6 % en el caso de Bankia), por encima de lo que exige la normativa española y comunitaria.

La cifra solicitada procede del plan de saneamiento diseñado por el nuevo equipo gestor encabezado por José Ignacio Goirigolzarri en colaboración con el Gobierno y el Banco de España y con el asesoramiento de Goldman Sachs.

Bankia ha aprovechado la disposición que el ministro de Economía, Luis de Guindos, expresó en el Congreso esta semana de surtir el volumen suficiente de recursos públicos para que la solvencia y rentabilidad de la entidad queden absolutamente cubiertas.

En su comparecencia este miércoles en el Congreso de los Diputados, De Guindos ya adelantó que BFA-Bankia requeriría dinero público por importe de al menos 9.000 millones de euros, entre saneamientos (7.100 millones) y necesidades de capital (1.900 millones).

Este importe no incluye el canje en capital del préstamo público por importe de 4.465 millones de euros que recibió BFA en el ejercicio 2010 del FROB para la creación del grupo de siete cajas de ahorros.

Goirigolzarri solicitó en la mañana de este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la suspensión de la cotización de Bankia, que marcó su último cambio en 1,57 euros, lo que supone una pérdida del 58% desde que su debut en Bolsa el pasado 20 de julio a 3,75 euros.