Detenidas cinco personas en Palma tras desarticular una red que falsificaba documentos de identidad

La Policía Nacional ha desarticulado una red de falsificación y distribución de documentos de identidad falsos que operaba en Palma desde hace varios años. La operación ha culminado con la detención de cinco presuntos autores por delito de Falsedad Documental Ante la detección de documentos de identidad falsos, especialmente de nacionalidad rumana y búlgara, el Grupo I de la UCRIF de Palma inició una investigación que ha llevado a la detención de cinco personas y a la intervención de ocho documentos de identidad falsos.

La Policía Nacional ha desarticulado una red de falsificación y distribución de documentos de identidad falsos que operaba en Palma desde hace varios años. La operación ha culminado con la detención de cinco presuntos autores por delito de Falsedad Documental

Ante la detección de documentos de identidad falsos, especialmente de nacionalidad rumana y búlgara, el Grupo I de la UCRIF de Palma inició una investigación que ha llevado a la detención de cinco personas y a la intervención de ocho documentos de identidad falsos.

El principal detenido de la organización, llamado I.C. de nacionalidad moldava, contactaba con numerosos captadores en España que ofrecían a personas de países del Este en situación irregular la posibilidad de regularizarse. Para ello, se falsificaban documentos de identidad, carnés de conducir, cartas de identidad o pasaportes de Rumanía y Bulgaria, a cambio de una importante suma de dinero.

El pasado 18 de mayo, el Grupo de Extranjería Ucrif averiguó que se estaba preparando un viaje desde Moldavia a España para transportar documentación falsa realizada en Moldavia.

Así, el Grupo localizó al sospechoso, que viajaba en barco desde Barcelona a Palma cargado con documentación falsa, tras el registro efectuado en su furgoneta donde se localizaron cinco documentos de identidad falsos.

Dentro de la misma investigación se ha procedido a la detención de dos empresarios de Mallorca, los cuales tramitaron contratos de trabajo falsos a personas extranjeras en situación irregular, por los que cobraban 750 euros, utilizando dichos contratos fraudulentos en los trámites de obtención de la tarjeta de residencia por arraigo laboral.

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