La Asociación Juvenil de Estudiantes 'Despierta', junto con el representante de alumnos en el Consejo del Departamento de Ciencias Jurídicas Básicas, Mario Ilde Velasco, ha presentado al rector de la Universidad de Sevilla, Antonio Ramírez de Arellano, un escrito en el que le pide que "paralice" el paro académico que comenzó el pasado jueves. Hasta la mañana de este viernes, este escrito lo suscribían un total de 257 alumnos, según se puede comprobar en la página web que, a tal efecto, ha creado la mencionada asociación.

Según ha explicado a Europa Press el presidente de 'Despierta', Javier Navarro, el objetivo de esta carta es conseguir que el paro académico se interrumpa antes del 7 de junio y que, con posterioridad, se revise el reglamento por el que se regula la convocatoria del mismo ya que, en su opinión, en las asambleas de facultades que se celebraron para decidir si había o no paro se produjeron "distintas irregularidades", tales como "faltas de respeto" a quienes se pronunciaron en contra de esta medida o que solo hiciera falta la mayoría simple de los presentes para trasladar al Consejo de Alumnos de la Universidad de Sevilla (Cadus) el sí del centro al parón de dos semanas.

Pese a que en el escrito presentado por 'Despierta' a Ramírez de Arellano estos estudiantes reconocen que "los requisitos establecidos en el párrafo segundo del artículo 14 del Reglamento General de Estudiantes se han cumplido" para poder convocar el paro y que éste, en consecuencia, es "legal" y está "en perfecto orden", según ha reconocido el propio Navarro, piden al rector que lo detenga "de forma inminente por afectar a preceptos constitucionales que deben posicionarse por encima de cualquier norma, entre ellas, las que regulan el funcionamiento de la Universidad de Sevilla".

En esta línea, defienden que "la regulación del antedicho reglamento es contrario a nuestra Constitución Española de 1978" porque, entre otras cuestiones, prohíbe al profesorado "la realización de cualquier tipo de actividad docente, lo que supone una grave restricción al derecho al trabajo", y limita en exceso el derecho a la educación contenido en el artículo 27 de la Carta Magna.

"Es inaceptable la limitación de un derecho fundamental por parte de un derecho que no tenga esa misma consideración, por lo que los preceptos analizados son nulos de pleno de derecho. Podría entenderse proporcionado el régimen jurídico establecido de ser una medida muy reducida en el tiempo, pero el art. 13.3 del Reglamento General de Estudiantes abre la posibilidad a que el mencionado derecho a paro académico pueda ser ejercido por períodos bisemanales —con escasos dos días lectivos entre ellos— sin ningún tipo de límite temporal, lo que supondría dejar en manos del Cadus la suspensión de un derecho fundamental de forma indefinida", argumentan como "fundamento jurídico" en el citado escrito dirigido al rector.

Por todo ello, piden que se "paralice el paro académico declarado de forma inminente por afectar a preceptos constitucionales que deben posicionarse por encima de cualquier norma, entre ellas, las que regulan el funcionamiento de la Universidad de Sevilla"; que "se proceda a una revisión de los Reglamentos a fin de adaptarlos a nuestro ordenamiento jurídico" y, finalmente, que "se establezcan los mecanismos oportunos para la devolución de la parte proporcional del importe de las matrículas abonadas por los estudiantes". Sobre esta última solicitud, 'Despierta' explica que "los alumnos han abonado unas tasas correspondientes al servicio educativo universitario que supone un doce por ciento aproximado del mismo", y que, sin embargo, "van a ver cómo se les va a dejar de prestar un servicio por el que se ha abonado una considerable cantidad".

Padres católicos también en contra del paro

También la Federación Católica de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Sevilla (Fecapa) ha rechazado este viernes tanto el paro académico en las Universidades de la ciudad como la huelga en la enseñanza del pasado día 22.

En una nota, Fecapa explica que, "en cumplimiento de nuestros estatutos que establecen la defensa de los derechos de las familias en general y de los derechos educativos de las familias con alumnos en etapas universitarias y preuniversitarias", se suman a las protestas contra el paro estudiantil "por cuanto perjudica al derecho de nuestros hijos a la asistencia a clase y celebrar exámenes con normalidad de organización, siendo las familias las que en mayor medida financiamos los estudios de nuestros hijos, causándonos con dicho paro un quebranto económico y un perjuicio en las expectativas de éxito en sus estudios".

"Esta medida pone claramente de manifiesto que las familias tenemos derecho a participar en los órganos de gestión y dirección de las Universidades, y que tenemos derecho a ser oídos en los mismos. Además, con tal postura, se obliga a nuestros hijos a tener que secundar forzosamente una medida de protesta, derecho constitucional que debe libremente ejercerse por los afectados, y que nunca puede ser impuesto para alimentar intereses políticos de alguna formación política", critican estas familias.