Diego Torres, exsocio del Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, al frente del Instituto Nóos, dispone de diez días para emitir las alegaciones que estimen convenientes sobre la petición formulada por el presunto testaferro del marido de la Infanta Cristina, Mario Sorribas, quien ha solicitado que Torres abone las costas procesales generadas a raíz de su inicial intención de declarar y posterior desestimiento.

Mediante un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el juez instructor del caso Palma Arena, José Castro, ha dado traslado de esta petición a la defensa de Torres para que se pronuncie al respecto, tras lo cual resolverá el magistrado.

En la misma resolución, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 rechaza otra de las peticiones efectuadas por Sorribas, que había reclamado información acerca de "hipotéticas" piezas secretas, sobre lo cual el juez asevera que no procede acceder a la solicitud puesto que dicha información, "tanto en sentido positivo como negativo, ya sería incompatible con el propio contenido de la información".

En referencia a la citación de Torres, el magistrado acordó suspender su comparecencia después de que la defensa del imputado presentase un escrito en el así lo solicitaba debido a la presión mediática que rodea al caso, a pesar de que inicialmente había pedido declarar de forma voluntaria.

En este contexto, tanto la Fiscalía Anticorrupción como el sindicato Manos Limpias, personado como acusación popular en el caso que investiga las actividades presuntamente delictivas llevadas a cabo a través del Instituto Nóos, mantienen en pie su pretensión de solicitar una fianza de responsabilidad civil millonaria tanto para el yerno del Rey Don Juan Carlos como para su exsocio.

Las acusaciones se mantienen a la espera de que la Agencia Tributaria aporte un informe relativo a los ingresos percibidos por el yerno del Rey Don Juan Carlos al frente de Nóos. De este modo, la Fiscalía y Manos Limpias continúan estando atentos a que sea entregado el informe solicitado por el juez instructor del caso Palma Arena, José Castro, lo que ayudará a cuantificar el dinero presuntamente defraudado a través de su entidad aparentemente sin ánimo de lucro.

Aunque el Ministerio Público confía en poder analizar en próximas semanas la documentación de Hacienda para a partir de ahí calcular la cantidad a la que podría ascender la fianza que los fiscales pidan al magistrado, se estima que la cifra podría alcanzar al menos los dos millones de euros.

Indagaciones de la fiscalía

Por ahora, los investigadores apuntan que Urdagarin y Torres encabezaron una trama a través de la cual se habrían apoderado de 5,8 millones de los fondos públicos que percibió Nóos. En concreto, falsedad documental, prevaricación, fraude a la administración y malversación de caudales públicos son los delitos que se indagan en este fleco del caso Palma Arena, uno de los 26 que componen este complejo procedimiento judicial.

Las acusaciones consideran a ambos encausados responsables de urdir un entramado societario cuando los dos estaban al frente de Nóos con el fin de hacerse con los fondos públicos y privados que recibía la entidad. Para ello, fijaban precios totalmente desproporcionados por los servicios que prestaban a la Administración y posteriormente simulaban trabajos ficticios a mercantiles del entramado societario de Nóos. Cantidades que acababan presuntamente así en manos de empresas controladas por los dos imputados.