La Sala de Conflictos del Tribunal Supremo ha resuelto que la Junta de Andalucía deberá dirigirse al juzgado civil para reclamar a la empresa multinacional Boliden Apirsa los casi 89,9 millones de euros por los gastos de limpiar el vertido de las Minas de Aznalcóllar producido en abril de 1998.

En el auto hecho público este martes, el alto tribunal devuelve al juzgado de Primera Instancia número 11 de Sevilla la demanda de la Administración regional al considerar que es competencia de éste órgano por tratarse de una reclamación que "se sitúa en la órbita del derecho privado" y no del público.

"No existe imputación de daño a alguna Administración Pública, la pretensión está dirigida contra sujetos privados, y por lo tanto la materia controvertida es del conocimiento del orden jurisdiccional civil, está claramente sometida a las normas de Derecho Civil", subraya el auto.

Cabe recordar que la Junta puso inicialmente su demanda para el reintegro de los gastos ante el juzgado de primera instancia de Sevilla pero el pronunciamiento contrario de éste y también de la Audiencia Provincial de Sevilla hizo que la Administración se viera "abocada al itinerario administrativo y contencioso administrativo".

Ahora, el Supremo insiste en que por su contenido, sus sujetos pasivos y por la normativa, la acción se encuadramiento dentro del orden del derecho civil.