La eurodiputada del PNV, Izaskun Bilbao, ha preguntado a la Comisión Europea si la reforma que plantea el PP para incorporar al censo electoral vasco a "personas que abandonaron el País Vasco a causa de las amenazas de ETA" cabe "en los estándares democráticos de la UE". La dirigente jeltzale cree que "es un intento de alterar la representación política" y una "agresión contra principios fundamentales de la democracia en nombre del "antiterrorismo".

Bilbao cree que "este intento se basa en un concepto imposible de objetivar y que dará lugar a un votante con doble derecho a voto inédita en el panorama jurídico europeo", por lo que pide, "desde la más rotunda condena de la violencia de ETA y tras celebrar el cese definitivo de su actividad terrorista", un pronunciamiento de las autoridades europeas.

Además, ha apuntado que "algunos partidarios de la reforma han cifrado el número de afectadas y afectados en 200.000 personas, cifra radicalmente incompatible con los movimientos censales del país vasco en las últimas décadas".

La eurodiputada vasca ha mostrado también su sorpresa ante el hecho de que, "en la reforma, no se cite, para nada, a la comunidad de Navarra, afectada por la violencia terrorista en mayor medida que alguno de los territorios de la comunidad vasca".

Además, ha recordado que, en el planteamiento, "para nada se tiene en cuenta a las personas que, bajo las mismas condiciones de amenaza, decidieron quedarse, residir, trabajar, cotizar y ejercer sus derechos civiles en el País Vasco y Navarra".

"alterar la representación"

Por ello, ha manifestado que la reforma "es un intento de alterar la representación política en el País Vasco y una nueva agresión contra principios fundamentales de la democracia en nombre del 'antiterrorismo'", por lo que anima a la Comisión Europea "a remitir su opinión al respecto a los actuales gobernantes españoles".

Izaskun Bilbao ha destacado que las instituciones europeas, Parlamento y Comisión, "ya se han pronunciado en casos como las reformas constitucionales húngaras, en los que los cambios propuestos afectaban a derechos fundamentales de la ciudadanía de dicho Estado". En este sentido, solicita a los responsables europeos que no pongan el pretexto de que ésta "es una cuestión interna para no pronunciarse".