El fiscal Javier Larraya ha mantenido su petición de 24 años y tres meses de prisión para José María Bravo, ex director de la Hacienda de Irún y principal imputado en el presunto fraude cometido en la misma entre 1990 y 2004, así como la multa de 1,9 millones más intereses por delitos de malversación, prevaricación, estafa, receptación e insolvencia punible.

Para su esposa, Rosa Cobos, pide una pena de 6 años y tres meses de cárcel por blanqueo de capitales (tres años y nueve meses) e insolvencia punible (dos años y medio), tras retirar la acusación por malversación por la que solicitaba tres años y 10 meses de prisión.

En la fase de conclusiones de la vista que se celebra desde el pasado 16 de abril en la Audiencia de Gipuzkoa en San Sebastián, el fiscal ha retirado la acusación contra Pedro Atristain, quien fuera socio de Bravo.

Por su parte, la acusación particular que ejerce Miguel Alonso Belza en nombre de la Diputación de Gipuzkoa y las Juntas guipuzcoanas solicita una pena de 27 años de prisión para Bravo, mientras que inicialmente solicitaba 30 años, y de siete y medio para Cobos, cuando inicialmente solicitó ocho años y cinco meses.

El fiscal ha considerado probado que Bravo recibió dinero de contribuyentes que no ingresó en las cuentas de la Hacienda foral. De este modo, ha señalado que el "exhaustivo" informe de los peritos "acredita" que las cantidades entregadas en metálico o cheques por contribuyentes a Bravo no están en las cuentas de la Hacienda.