Los representantes sindicales que este lunes han asistido a la Mesa Sectorial de Educación, a excepción de CCOO, han valorado que, a raíz de esta reunión, hayan podido conocer que la reducción del 15 por ciento del salario y de la jornada laboral contemplado por la Junta de Andalucía en su Plan Económico y Financiero de reequilibrio 2012-14 para el personal interino no vaya a tener efecto sobre el profesorado que trabaja en dicho régimen de interinidad.

En esta primera toma de contacto entre ambas partes desde que Moreno se hiciera de nuevo cargo de la cartera de Educación, los portavoces de los sindicatos CSI-F, Ustea, ANPE y FETE-UGT han celebrado, aunque con matices, que esta rebaja del 15 por ciento en salario y jornada a los interinos no se aplique en el caso de los docentes debido a las "peculiaridades" de sus puestos, que "implican hacerse cargo de la totalidad de horas que imparte el profesor al que sustituyen".

Consultada al respecto por Europa Press, la Consejería de Educación ha aclarado que esta reducción del 15 por ciento de jornada y sueldo para los interinos "no estaba contemplada para los docentes desde el minuto uno en el que se redactó el plan de reequilibrio" de la Junta. Es decir, que aunque no ha trascendido hasta ahora, en el texto de Hacienda ya se contempla que a los docentes interinos no les afecte esta disminución de salario y jornada.

Con todo, la Administración educativa ha querido poner el acento en que los interinos docentes "tienen su cara y su cruz". Se referían así las citadas fuentes a que, pese a que esto pueda parecer que les beneficia, lo cierto y verdad es que, debido a las "imposiciones" del Gobierno central, "no se va a poder evitar prescindir" de unos 4.800 interinos en el próximo curso como consecuencia del aumento de la jornada laboral de los funcionarios establecida en los Presupuestos Generales del Estado de 2012 y en el Real Decreto Ley de medidas urgentes para la racionalización del gasto público.

Pese a ello, el presidente del sector de la Enseñanza de CSI-F Andalucía, Francisco Hidalgo, lo ha considerado "una buena noticia" y "lógica" si se tiene en cuenta que "cuando los interinos cubren una baja, lo hacen a tiempo completo, no parcial". También ANPE, y con algún matiz Ustea y FETE-UGT, han dado el visto bueno a que la reducción de jornada y sueldo no tenga efectos sobre el profesorado interino.

Más crítico se muestra el secretario general de CCOO en la comunidad, José Blanco, quien considera "discriminatorio" que solo sean los docentes interinos los que se beneficien de esta medida. "Si CCOO ya estaba planteando medidas jurídicas contra este punto de los interinos por considerarlo discriminatorio con respecto a la bajada de sueldo de los funcionarios, imagínate si ahora se hacen discriminaciones entre unos y otros interinos", advierte.

Aparte de este punto, en lo que han coincidido los representantes de las cinco organizaciones sindicales que componen la Mesa Sectorial es en que rechazan "cualquier tipo de medida que implique la bajada salarial de los funcionarios docentes" (a los funcionarios docentes se les eliminan los complementos adicionales de las pagas extraordinarias de los meses de junio y diciembre y se les reduce también un 10% de las percepciones vinculadas a las retribuciones de carácter variable) y en que, "una vez más, caiga sobre ellos el peso de la crisis económica". De hecho, han anunciado más movilizaciones y acciones reivindicativas en las próximas semanas para denunciar públicamente que "estas medidas recogidas en el plan de la Junta inciden negativamente en las condiciones laborales de los trabajadores de la enseñanza y, por ende, en la calidad del servicio público que imparten".

Sobre este aspecto, también la propia consejera Moreno, según han informado a Europa Press fuentes de su departamento, se ha mostrado en desacuerdo "con las imposiciones presupuestarias del Gobierno de España, que no reconocen ni la buena gestión económica de Andalucía ni el peso de las políticas sociales en el presupuesto de las comunidades autónomas".

Tras volver a insistir en que los recortes educativos en Andalucía son, por tanto, consecuencia de "las imposiciones" del Ejecutivo de la Nación y que obligan a Andalucía a "ajustar 2.500 millones de euros", Moreno ha transmitido a los sindicatos que "el Gobierno andaluz tenía que elegir entre despidos en el sector público, privatizaciones y retroceso en los servicios públicos, o el mantenimiento del empleo público y de los servicios públicos pero con dolorosos recortes salariales, puesto que el Capítulo I (el de personal) se ve directamente afectado por el aumento a 37,5 horas de la jornada laboral de los empleados públicos impuesto por el Gobierno central para el conjunto del territorio español".

Precisamente sobre este tema del aumento de la jornada laboral de los empleados públicos, los sindicatos han podido corroborar este lunes, como ya imaginaban, que los docentes de Secundaria y Bachillerato van a ver incrementada su jornada lectiva (las horas que imparten clases a la semana) de 18 a 20 horas por regla general (antes era algo excepcional). Eso sí, según han explicado los sindicatos, ningún profesor verá incrementado su horario de permanencia en el centro, que continuará siendo de 30 horas semanales al imputarse las 2,5 horas más a la semana al horario de trabajo en casa.

Pocos detalles más

Aparte de los enumerados, los sindicatos no han podido conocer este lunes "más letra pequeña" ni "más detalles" de los recortes que se acometerán en la educación andaluza en los próximos meses. Eso sí, están dispuestos a plantear a la Administración andaluza en futuras reuniones "planes alternativos" de recortes.

Así, plantean la posibilidad de suprimir programas educativos como el Plan de Calidad o el de Fomento de la Cultura Emprendedora y otros más que, según cálculos realizados por Ustea, podrían suponer un ahorro de hasta 400 millones. Y todo ello, insisten, para que las medidas que se pongan en marcha en Andalucía "no supongan la merma de servicios públicos, de empleo y de condiciones laborales de los trabajadores que dedican su esfuerzo profesional a las prestaciones de servicios públicos". "Hay que negociar desde la raíz buscando otras vías que hagan posible el reequilibrio presupuestario", advierten porque, de lo contrario, la Administración se encontrará "de frente" a los sindicatos.