El ciudadano natural de Taiwan pero afincado desde hace más de 20 años en España, cuya identidad responde a las iniciales S.T.T.W, el cual estaba acusado por el delito de favorecimiento del tráfico ilegal de personas y coacciones, ha aceptado este jueves en el juicio los hechos y, tras alcanzar su defensa un acuerdo con la Fiscalía, ha sido condenado a dos años de prisión, al pago de una multa por los delito de coacciones y a abonar una indemnización de 4.000 euros a cada unos de los tres ciudadanos de China afectados.

Según han informado a Europa Press fuentes judiciales, la sala de vistas de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Huelva ha acogido el juicio contra S.T.T.W., que ha sido condenado a dos años de cárcel por el delito de favorecimiento de la inmigración legal y al pago de una multa para cada uno de los delitos de coacciones de seis euros diarios durante doce meses (2.190 euros).

Además, ha sido condenado a pagar a cada uno de los tres ciudadanos chinos, que en la actualidad se encuentran en ese país, una indemnización de 4.000 euros a razón de las cantidades adeudas por el tiempo trabajado en el periodo comprendido entre el 19 de mayo y el 26 de septiembre de 2010 y que no cobraron. Por ello, se podrán en marcha los mecanismos previstos para que los afectados puedan cobrar su indemnización.

Inicialmente la Fiscalía pedía seis años de prisión y una multa que superaba los 8.000 euros, por presuntos delitos de favorecimiento del tráfico ilegal de personas y de coacciones.

Según rezaba en el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos se remontan a mayo de 2010 cuando el acusado, sin antecedentes penales y que se encontraba establecido en España con anterioridad a la fecha de los mismos, se dedicaba a la explotación de una instalación industrial sita en las inmediaciones de la carretera 472 en La Palma del Condado.

El problema comienza cuando, en colaboración con otras personas desconocidas contra las que no se dirige el presente escrito, procedió en los primeros meses del año 2010 a contactar en China con diversos ciudadanos de dicho país, "prometiéndoles trabajo en España en la citada empresa, un salario mensual de 1.200 euros mensuales, así como que la compañía correría con los gastos de alojamiento y manutención".

Del mismo modo, les decía que la empresa se encargaría de todas las gestiones del viaje y de los gastos con la finalidad de que permanecieran en territorio nacional en "situación irregular, una vez finalizado el plazo de vigencia del visado que les fue concedido".

Con esta estrategia, el acusado convenció a tres ciudadanos chinos para que accedieran a trasladarse a España en esas condiciones efectuando el viaje por vía aérea y llegando a Sevilla el día 18 de mayo de ese mismo año.

Así, estos ciudadanos comenzaron a trabajar al día siguiente de su llegada a España, sin que por el mismo se le firmara contrato alguno ni se les diera de alta en la Seguridad Social al carecer de permisos de residencia y trabajo, asegurándose así que no abandonarían la empresa al retenerles la documentación personal.

Tras trabajar cinco meses para el acusado sin cobrar ningún salario, los perjudicados le reclamaron el pago del dinero que les adeudaba y la devolución de sus pasaportes negándose reiteradamente a ello hasta que accedió finalmente a devolvérselos el día 26 de septiembre, sin hacerle pago alguno por los salarios atrasados.