La juez que investiga las irregularidades en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la Junta ha requerido a la Administración autonómica "por última vez y sin dilación alguna" para que aporte un informe de la Intervención General que no ha aportado pese a las "reiteradas" solicitudes para ello y del que, de manera "sorprendente", la magistrada ha tenido conocimiento a través del recurso de apelación contra el auto de prisión del exconsejero de Empleo Antonio Fernández.

En un auto dictado el pasado día 18 de mayo, al que ha tenido acceso Europa Press, la juez hace esta crítica al referirse al expediente de la empresa Hijos de Andrés Molina, destacando "la especial importancia" del mismo "por los reparos conocidos" por parte de la Intervención General de la Junta, "por cuyo motivo ha sido reclamado en dos ocasiones por parte del Juzgado".

No obstante, señala la juez que "finalmente se ha recibido un escueto legajo de documentación donde no constan ni el Informe de la Intervención Delegada oponiendo reparos a los pagos de dicha ayuda sociolaboral, ni el informe definitivo de la Intervención General de la Junta", por lo que "ha sorprendido enormemente que pese al requerimiento reiterado a la Junta para cumplimentar" esta documentación se haya tenido conocimiento de la misma a través de los documentos aportados junto al recurso del exconsejero.

"por última vez y sin dilación alguna"

Todo ello, a juicio de la magistrada, "demuestra sin lugar a dudas el fácil acceso que las defensas pueden tener a la documentación de la Junta y las continuas dificultades que para dicha cumplimentación la propia Administración pone al Juzgado, lo cual contrasta con su posición de acusación particular".

Por ello, requiere a la Junta "por última vez y sin dilación alguna" para que aporte el expediente "íntegro" relativo a dicha ayuda sociolaboral "con todos y cada uno de los informes de la Intervención Delegada y de la Intervención General", así como el escrito de "discrepancia" de la viceconsejería de Empleo.

En el mismo auto, la juez pide a las consejerías de Empleo y de Innovación diversa documentación correspondiente a los ejercicios 2001 a 2010, como los expedientes íntegros de modificaciones presupuestarias relativos a los capítulos IV y VII de gasto de ambas consejerías que guarden relación con el IFA y el IDEA, y los informes que se hubieran elaborado por la asesoría jurídica "en cuestiones derivadas, cualquiera que fuera su causa, de la relación de ambas consejerías" con ambas agencias.

Respecto a IFA/IDEA, solicita a la Junta que aporte las actas del Consejo Asesor, los manuales o normas de procedimiento en lo relativo a la gestión económica de la entidad, y los expedientes tramitados bajo la figura de encomienda de gestión en virtud de la orden de 27 de abril de 2010.

Expedientes de subvenciones a nuevas entidades

De igual modo, solicita los expedientes de las subvenciones otorgadas a once entidades que por el momento no han sido investigadas, entre ellas Fundación San Telmo, Jerez Industrial, Taller de Libros S.L., EDM Séneca, Alpha Corporate, Antonio Gálvez Peluqueros S.A., Consorcio de Compensación de Seguros, Novomag Manufacturas Metálicas, o San Sebastián de Guadalcanal.

La magistrada ordena también profundizar en la investigación en torno a la relación de Estudio Jurídico Villasís con la aseguradora Uniter, la empresa del exchófer de Francisco Javier Guerrero encarcelado Lógica Estratégica Empresarial, la Sociedad de Desarrollo Local de El Pedroso y SAT Virgen del Espino. Así, insta a los peritos de la Agencia Tributaria a que proceda al "análisis pormenorizado" de los ingresos recibidos y los pagos realizados por Estudio Jurídico Villasís.