La Junta de Andalucía está estudiando medidas para garantizar que el dinero abonado a los ayuntamientos para el servicio de Ayuda a Domicilio y Dependencia no se destina a otros fines, como por ejemplo transferir las cantidades directamente a las empresas concesionarias, si bien la delegada del Gobierno andaluz en Granada, María José Sánchez, ha confiado en no tener que recurrir a esta alternativa.

En el transcurso de una rueda de prensa en la que ha estado acompañada por la delegada para la Igualdad y el Bienestar Social, Magdalena Sánchez, y la delegada de Educación, Ana Gámez, Sánchez ha garantizado que la Junta aplicará "los recortes impuestos" por el Gobierno sin tocar los servicios ni el empleo público y ha hecho un llamamiento a la unidad de todas las administraciones y signos políticos para conseguir este reto.

En este sentido, ha lamentado que algunos ayuntamientos, especialmente los gobernados por el PP, "echen balones fuera" respecto al cumplimiento de algunas de sus competencias, como el mantenimiento de los centros de Infantil y Primaria, tal y como ha sucedido con los "ayuntamientos de Granada y Otura", a los que ha recordado que estos edificios de competencia municipal

También han censurado que algunos municipios no abonen directamente a las empresas el dinero de determinadas prestaciones, como la Ayuda a Domicilio y la Dependencia, lo que propicia que las concesionarias de estos servicios no cobren y se desencadenen conflictos laborales.

Ante esta situación, la Junta está tomando algunas medidas, como reducir el plazo de tiempo que tiene los consistorios para justificar el destino del dinero, y se están estudiando otras acciones que, según ha dicho Sánchez, se espera no tener que aplicar, como por ejemplo transferir el dinero directamente a las empresas concesionarias para evitar que se desvíen a otros fines.

"Quienes se quejan de competencias impropias cuando se refieren a la asistencia a domicilio, olvidan que hace 15 días recibieron el ingreso por parte de la Junta del pago de los meses de marzo y abril por ese concepto", ha señalado Sánchez, quien ha precisado que en el primer semestre del año, los ayuntamientos habrán recibido un total 29.184.219 euros por este concepto (3,5 millones más que el segundo semestre de 2011).

Recortes impuestos

La delegada del Gobierno andaluz en Granada ha garantizado en la rueda de prensa que su departamento "hará frente a los recortes impuestos" sin tocar los servicios ni el empleo público, por lo que se mantendrá la ratio de alumnos, no se elevarán las tasas en la Universidad de Granada ni se privatizarán centros sanitarios como han hecho otras comunidades autónomas.

En el ámbito de los servicios sociales, ha garantizado las prestaciones a los dependientes granadinos; dando así respuesta a "unos 35.400 dependientes y atendiendo a más de 28.000 personas, tanto en prestaciones económicas (que supone 47 por ciento), como de servicios prestados (53 por ciento del total)".

El Servicio de Ayuda a Domicilio lo reciben actualmente 9.200 personas en situación de dependencia, lo que emplea a casi 4.000 profesionales. Por su parte, el Servicio de Teleasistencia lo están recibiendo 17.763 personas.

Sánchez ha querido aclarar no obstante que "como consecuencia de la paralización decretada por el Gobierno de España, de las personas dependientes de Grado I Nivel 2 valoradas después del 1 de enero de 2012", más de 9.000 personas en la provincia no podrán beneficiarse de servicios aprobados por Ley como son la Ayuda a Domicilio, la Unidad de Estancia Diurna y la prestación económica por cuidados en entorno familiar y casi cinco mil puestos de trabajo dejarán de crearse.

Además, se ha mostrado preocupada por el recorte del 48 por ciento que el Estado ha previsto en los presupuestos generales al Plan Concertado de Servicios Sociales, lo que, según ha dicho, "va a llevar a muchos centros de Servicios Sociales Comunitarios a tenerlo realmente difícil para seguir prestando los servicios que venían haciendo hasta ahora".

"Este recorte supone un grave mazazo a las políticas sociales, del que se van a ver afectadas miles de personas en nuestra provincia", ha asegurado.

EDUCACIÓN

En el ámbito educativo, Sánchez ha garantizado que no se subirán la ratio, de modo que los 209.740 alumnos escolarizados en 775 centros docentes seguirán siendo atendidos por 15.228 profesores. A estos últimos se les aplicará el aumento de la jornada lectiva aprobada por el Gobierno.

Se mantendrá la gratuidad de los libros de texto, de la que se benefician más de 100.000 alumnos, con una inversión de 30,8 millones, los comedores (con 19.548 usuarios), las aulas matinales (con 8.033 alumnos) y los ordenadores.

Además, "los más de 56.000 estudiantes de la Universidad de Granada no verán subidas sus tasas". La Junta seguirá desarrollando el Plan OLA, con 23,5 millones de euros para la realización de más de 64 obras de modernización y mejora de centros escolares y 645 puestos de trabajo.

Plan que se verá reforzado con un nuevo impulso anunciado por el nuevo Gobierno de la Junta, y que aumentará sus fondos a nivel andaluz en 100 millones de euros.

SALUD

En materia de Salud, Sánchez ha garantizado que "no privatizaremos ningún hospital público, como sí ocurre en la Comunidad Valenciana o madrileña".

De hecho, continuarán proyectos como el del Hospital Universitario del Campus de la Salud (190.000.000 euros de inversión), que será equipado próximamente mediante el procedimiento de colaboración-público privada.

Seguirán también los trabajos en el Hospital de Loja (17.000.000 millones de euros); en el de la Alpujarra, en redacción (960.000 euros) y el Centro de Salud Albayda, prácticamente finalizados (con 1,9 millones de euros de inversión).

De este modo, se mantendrá el empleo en el sector sanitario, con una plantilla de 11.856 trabajadores, mientras que en comunidades autónomas como Castilla La Mancha "se han congelado plantillas y se ha eliminado el 40 por ciento de personal eventual sanitario", ha contrapuesto la delegada.

Por último, ha garantizado que se mantendrá el empleo de los más de 30.000 empleados granadinos asalariados por la Junta: Administración general, personal docente y personal estatutario, a pesar del aumento de la jornada laboral a 37,5 horas semanales dictado por el Estado al tratarse de normativa básica.

"Toca ahora el diálogo con los representantes de los trabajadores, por eso, el viernes, ya se mantuvo una reunión con la Mesa de la Función Pública y, este lunes, con las mesas sectoriales con el fin de que a lo largo del trámite parlamentario se lleguen a puntos de acuerdo y de consenso", ha confiado la dirigente andaluza.