La juez de distrito estadounidense Gladys Kessler dijo que las compañías habían violado la ley, pero que no podían ser obligadas a financiar una multimillonaria campaña antitabaco, como había pedido el gobierno.

Mintieron

'Fumar cigarrillos causa enfermedades, sufrimiento y la muerte. Pese a que internamente reconocían este hecho, los acusados públicamente han negado, distorsionado y minimizado durante décadas el peligro de fumar', dijo en su fallo de 1.653 páginas.

Kessler dijo que las compañías habían retenido investigaciones, destruido documentos y manipulado niveles de nicotina para perpetuar la adicción, pero que un dictamen previo de una corte de apelaciones le impedía castigar a las empresas con multas monetarias.

La juez ordenó a las empresas que corrijan y emitan comunicados sobre los efectos para la salud y la adicción que provoca el hábito de fumar, y les ordenó usar términos que describan a los cigarrillos de manera que demuestre una preocupación por la salud.

Los objetivos de la demanda de 1999 eran Altria Group y su unidad Philip Morris USA, Lorillard Tobacco de Loews, Carolina Group, Liggett Group de Vector Group, R.J. Reynolds Tobacco de Reynolds American y British American Tobacco, una filial de British American Tobacco Investments.

Revisión del fallo

En una primera respuesta, Philip Morris USA y Altria dijeron que buscarán una revisión del fallo.

Pero aún no han decidido si primero buscar esa revisión dentro del tribunal o apelar directamente a la Corte de Apelaciones del Circuito para el Distrito de Columbia.

Durante los ocho meses del juicio que terminó en junio del 2005, el Gobierno llamó a médicos, economistas e informantes de la industria, quienes describieron una campaña de décadas de las tabacaleras para negar u ocultar los peligros de fumar.

Las tabacaleras ofrecieron el testimonio de sus propios médicos, economistas y ejecutivos.

Éstos negaron una conspiración para promover el hábito de fumar y dijeron que el Gobierno no tenía razones para perseguirlos, después de que cambiaron sus prácticas comerciales por un acuerdo con algunos estados en 1998.