El jefe del servicio jurídico de urbanismo del Ayuntamiento de Marbella (Málaga) Jorge González, cuyo testimonio en otra causa dio lugar a la investigación del caso 'Malaya', contra la presunta corrupción marbellí, ha asegurado este jueves que en la época del gobierno tripartito en Marbella —formado por GIL, PSOE y PA—, "había un caos urbanístico que se continuaba propiciando, es decir, las obras continuaban".

González ha vuelto a declarar este miércoles en el juicio, que finalmente no celebrará sesión este jueves sino que continuará el lunes. El testigo ha considerado que "no son equiparables" las situaciones urbanísticas vividas en el Ayuntamiento de Marbella en el momento del tripartito con la época de la gestora, tras estallar el caso 'Malaya', y el posterior gobierno del PP, después de las elecciones.

Ha dicho que el caos urbanístico era "producto" de corporaciones anteriores a la gestora y ha incidido, ante las preguntas de las defensas, en diferenciar la etapa del tripartito y las posteriores. Ha mantenido una interpretación distinta a la de los letrados sobre los proyectos de ejecución y licencias de primera ocupación, apuntando que con el tripartito se daban "títulos habilitantes para edificar".

El testigo ha explicado, a preguntas del letrado del Ayuntamiento marbellí, que con el Plan General se "propicia un proceso de normalización urbanística", aunque ha reconocido que no conoce el contenido del acuerdo aprobado cuando gobernaba el tripartito, con el que ya en ese momento se pretendía llevar a cabo un normalización del urbanismo marbellí, conjuntamente con la Junta de Andalucía, algo que han declarado los exediles acusados.

Ha asegurado que mantenía criterios diferentes con el que era secretario municipal Leopoldo Barrantes, que está acusado en esta causa, ya que, según se le ha mostrado, cada uno emitía informes en distinto sentido en los expedientes urbanísticos. Al respecto, ha apuntado que entiende que no tienen más valor los informes del secretario que los emitidos por él y, aunque ha asegurado que respeta ese criterio, no lo comparte.

González ha vuelto a incidir, como ya dijo en sus anteriores declaraciones en el juicio, en que tiene "plena constancia" de que la Policía Local "no cumplía" la ejecución material de los precintos de obras ilegales en Marbella, algo que era su competencia, según ha dicho, aunque ha indicado que no sabe si era el jefe de la Policía Local, Rafael del Pozo, acusado en la causa, el que no cumplía las órdenes.

No obstante, ha asegurado que él dirigía comunicaciones sobre esos incumplimientos tanto a Alcaldía como a la Jefatura, y ha indicado que los actos administrativos se realizaban por parte de los encargados de esa labor con el fin de, en primer lugar, suspender las obras cuando no se ajustaban a la licencia, y, posteriormente, paralizarlas.