El Gobierno de María Dolores de Cospedal ha presentado este jueves una querella contra el exdirector general de Deportes del Gobierno socialista Roberto Parra y el exsecretario general de Educación Tomás Hervás por presunta "prevaricación, falsedad y malversación" de fondos públicos.

Según ha explicado el consejero de Presidencia y Administraciones Públicas y portavoz del Gobierno, Leandro Esteban, la querella se ha presentado "por la supuesta realización de unas obras que no llegaron a plasmarse" en 2005 unas pistas de atletismo de un polideportivo municipal Príncipe Juan Carlos de Ciudad Real.

En su comparecencia posterior al Consejo de Gobierno celebrado este jueves en Toledo, Esteban ha asegurado que estos hechos "pueden ser constitutivos de un delito de prevaricación porque se han tomado resoluciones administrativas injustas a sabiendas de que lo eran por parte del Gobierno anterior".

Además, el delito de malversación se debería a que "presuntamente se pagó a una empresa por obras no realizadas, por lo que además podría apreciarse delito de falsedad en documento público, con la emisión de certificaciones falsas que acreditarían la realización de las obras inexistentes que nunca se llegaron a realizar".

Según Esteban, "la gravedad de los hechos aconsejaba la presentación ante la justicia de esta querella", ya que es "especialmente doloroso, grave y realmente muy significativo que el dinero al que se refiere procediese presuntamente de la Consejería de Educación".

El portavoz ha aseverado que el Gobierno regional ha defendido que los ciudadanos "tienen dos derechos fundamentales e inalienables: el derecho a conocer el empleo del dinero público y el de pedir responsabilidades a quien haya podido usarlo de manera no ajustada a derecho".

"Lo que cabe hacer es poner este hecho en conocimiento de los juzgados y dejar que actúen con libertad y justicia. Con ello, cumplimos una doble misión, que es velar por los intereses públicos y por el empleo correcto del dinero público", ha aseverado.

Aunque no ha sabido concretar la cuantía total del valor de las obras supuestamente no realizadas podría tratarse de "varios miles de euros".