PSOE-A afirma que 1.700 millones de los 2.500 que recortará la Junta tienen la "firma" de Rajoy y el "aval" de Arenas

Defiende el Plan económico-financiero de la Junta porque supone el mantenimiento del empleo público y de los servicios básicos esenciales
Mario Jiménez, Este Miércoles En Rueda De Prensa
Mario Jiménez, Este Miércoles En Rueda De Prensa
EUROPA PRESS
Mario Jiménez, Este Miércoles En Rueda De Prensa

El PSOE-A ha defendido este miércoles el Plan económico-financiero aprobado por la Junta de Andalucía, apuntando que de los 2.500 millones de euros que se van a recortar, 1.700 millones vienen "impuestos" por las medidas del Gobierno de la Nación, con lo que tienen "la firma" del jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, y el "aval" del presidente del PP-A, Javier Arenas.

El portavoz del grupo socialista en el Parlamento, Mario Jiménez, ha reprochado en rueda de prensa al Gobierno de la Nación que no haya sido posible negociar el ajuste, repartirlo de manera más equitativa y que se tuviera en cuenta el nivel de endeudamiento de Andalucía, inferior al de otras comunidades autónomas. Ha insistido en que de los 2.500 millones euros que se recortan en el presupuesto andaluz de este año, 1.700 millones vienen "impuestos" por los decretos ley del Ejecutivo de la Nación, que no ha sido capaz de negociar.

Cumpliendo con la ley, según ha agregado, el Gobierno andaluz ha sido capaz de elaborar un plan económico-financiero que supone mantener el empleo público y preservar una educación y sanidad públicas de calidad, a diferencia del camino que ha marcado el Gobierno de la Nación con sus medidas.

En cuanto a las medidas que afectan a los trabajadores de la administración andaluza, ha recalcado que no se les van a tocar las retribuciones básicas, sino determinados complementos. Ello va a suponer, según ha indicado, mantener el empleo público en Andalucía después de que el Gobierno de la Nación haya "impuesto" la jornada laboral de 37,5 horas semanales, lo que podría suponer el despido de unos 30.000 trabajadores en Andalucía.

Sin embargo, según Mario Jiménez, a diferencia de lo que está ocurriendo en otras comunidades, la Junta de Andalucía no quiere que haya despidos y ha optado por otro camino, que supone repartir el esfuerzo entre todos y el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, y sus consejeros serán los primeros en dar ejemplo con una reducción de sus salarios del cinco por ciento.

Ha señalado que si bien a los trabajadores interinos se les va a reclamar un mayor esfuerzo, ya que verán reducido su salario y jornada laboral en un 15 por ciento, se les garantiza el puesto de trabajo. "Si se hubiera optado por la doctrina Rajoy, tendrían la puerta de la calle como única opción", ha apuntado.

Cumplir con el déficit

Mario Jiménez se ha mostrado convencido de que con este plan, Andalucía está en condiciones de cumplir con el objetivo de déficit del 1,5 por ciento y ha confiado en que sea respetado por el Gobierno de la Nación porque está elaborado con "mucho rigor y delicadeza".

"La Junta va a cumplir con sus obligaciones, pero dejando claro que en Andalucía se va a mantener el empleo público y se van a garantizar los servicios públicos esenciales", según ha manifestado el portavoz socialista, quien ha recordado que si el Gobierno de la Nación pagara a esta comunidad los 1.504 millones de euros reconocidos por la Intervención General del Estado como deuda por inversiones no ejecutadas en los años 2008 y 2009, el recorte que tendría que haber acometido la Junta hubiese sido de solo 1.000 millones de euros.

El dirigente socialista ha confiado en que este "esfuerzo" de la Junta sea atendido por el Gobierno de la Nación, que se respalde y que se acaben ya los "ataques infundados y embusteros" a las cuentas andaluzas. Ha confiado en que a partir de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera de este jueves, se abra una nueva etapa de diálogo entre el Gobierno y la Junta.

Mario Jiménez ha indicado que, con este plan económico-financiero, el Gobierno andaluz ha "cumplido" con los andaluces a los que garantizó que no se iba a tocar el empleo público y que se iban a mantener los servicios públicos esenciales.

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