CastroVerde ha elaborado una "hoja de ruta" con los pasos que deben darse para poner en pleno funcionamiento los polígonos de Vallegón. El documento ha sido registrado en el Ayuntamiento de Castro Urdiales con el propósito de que sirva de base para lograr una reactivación de estas infraestructuras industriales, que el partido ecologista considera de gran importancia para el desarrollo industrial y la creación de empleo en el municipio.

Según explica CastroVerde en un comunicado, el polígono Vallegón I, desarrollado por el Gobierno de Cantabria en el año 1997, está pendiente de recepción por parte del Ayuntamiento por no cumplir las condiciones técnicas reglamentarias. Vallegón II, aprobado en 2008 como Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR), está "paralizado, pendiente de resolver problemas de saneamiento, de suministro de agua y electricidad y de cumplimiento de los requerimientos medioambientales".

Por otro lado, existe un proceso judicial abierto en el Tribunal Contencioso-Administrativo que "complica las necesarias buenas relaciones" entre el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Castro Urdiales para superar las barreras que impiden la puesta en pleno funcionamiento de ambos polígonos.

CastroVerde entiende "razonable" la firma de convenios urbanísticos como forma de "resolver las diferencias entre ambas administraciones, sin esperar una incierta resolución judicial". Pero, al mismo tiempo, señala en su escrito que, para poder ser suscritos por su grupo político, los convenios deberán reflejar un acuerdo justo y equitativo entre las partes, a la vez que responder fielmente a los preceptos legales a los que se deben ambas administraciones públicas.

El documento articulado como 'hoja de ruta' propone que el proceso de llegar a un acuerdo se desarrolle en dos fases: una primera sería de documentación, para la cual enumera los informes técnicos y jurídicos que deberán señalar las obras a acometer y los servicios que se precisan para finalizar las obras y que los polígonos estén operativos y en condiciones de ser recibidos por el Ayuntamiento.

La segunda fase sería la de negociación política para acordar, entre otros temas, el fin que se deba dar a los aprovechamientos urbanísticos, que junto a los daños medioambientales, conforman la parte fundamental del contencioso que en su día presentó el Ayuntamiento contra la resolución del Gobierno de Cantabria.

CastroVerde propone además que, en la citada negociación, el Ayuntamiento persiga contrapartidas que pudieran tener una finalidad social, como la formación profesional y la creación de un vivero de empresas; así como garantías de que la actividad industrial futura se desarrolle respetando el entorno natural de la zona.