Cáritas insta a la Junta a impulsar el empleo juvenil y a desarrollar una formación profesional adaptada a las personas

La organización social de la Iglesia atiende anualmente unas 300.000 personas en Andalucía y en 2011 logró que más de 1.200 firmaran un contrato laboral
El Presidente De Cáritas Andalucía, Anselmo Ruiz
El Presidente De Cáritas Andalucía, Anselmo Ruiz
EUROPA PRESS
El Presidente De Cáritas Andalucía, Anselmo Ruiz

Cáritas Regional de Andalucía, brazo social de la Iglesia católica en España, ha desarrollado una serie de propuestas en el marco del empleo para que sean abordadas por el nuevo Gobierno andaluz, entre las que destacan, el impulso de la incorporación de los jóvenes al mercado laboral o el desarrollo de una formación profesional adaptada y accesible a las personas más vulnerables.

De esta manera, el documento que incluye las propuestas redactadas por Cáritas Andalucía, recogido por Europa Press, aboga por articular y desarrollar iniciativas de acompañamiento socio-laboral de empleo de tránsito para los colectivos con menor grado de empleabilidad.

Además, Cáritas Regional Andalucía, que durante el pasado año con unos recursos de 4,5 millones de euros, atendió a 8.105 personas, de las que 1.698 se han incorporado al mundo laboral, 1.222 con contratos laborales, pide al Gobierno andaluz de coalición PSOE-IU solicita articular y desarrollar iniciativas ocupacionales que complementen las medidas de protección social destinadas a los colectivos más desfavorecidos.

Por otro lado, otra de las peticiones de Cáritas Andalucía al Ejecutivo andaluz de cara a reforzar la empleabilidad entre los sectores de personas más desfavorecidos se encuentra poner en marcha iniciativas que eviten la discriminación por razón de género y potenciar aquellas que favorezcan una igualdad real entre mujeres y hombres.

De otro lado, y teniendo en cuenta que Cáritas atendió el pasado año a más de 1.600 personas entre 16 y 25 años, insta a la Junta a impulsar la incorporación de los jóvenes al mercado laboral a través de una formación y unas oportunidades adaptadas a su momento vital, especialmente a los jóvenes con mayores dificultades.

Igualmente, 3.278 inmigrantes fueron atendidos a través del Programa de Empleo de Cáritas, colectivo para el que la organización social de la Iglesia solicita facilitar la incorporación y la reincorporación de las personas inmigrantes en el mercado laboral.

Entre los servicios que se desarrollan en el Programa de Empleo de Cáritas se encuentra el de Formación, una ámbito para el que se espera del Gobierno andaluz que ponga en marcha una formación profesional "adaptada y accesible a las personas más vulnerables, en colaboración con las empresas, el sector público, los agentes sociales y las organizaciones del Tercer Sector".

El trabajo,

Un derecho "real"

En este sentido, cabe resaltar que durante 2011 Cáritas estableció 837 contactos con empresas para favorecer la inserción laboral de las personas vinculadas al Programa de Empleo. En esta línea, los responsables de la organización social en Andalucía requieren del Gobierno autonómico" herramientas que favorezcan la integración laboral de los colectivos más desfavorecidos en el mercado laboral ante las oportunidades laborales generadas en el nuevo modelo productivo.

Por último, Cáritas Regional Andalucía confía en que los nuevos responsables de la Junta pongan las condiciones para desarrollar un mercado laboral inclusivo donde el trabajo sea un derecho real a ejercer por toda la ciudadanía, también por los colectivos más desfavorecidos.

Cabe recordar, que la organización social de la Iglesia en Andalucía viene reiterando desde hace tiempo que se retomen los acuerdos de colaboración con la Junta de Andalucía, para de esta manera poder satisfacer mejor el objetivo de ayudas a los más desfavorecidos. Así, detallar que el acuerdo con la Consejería de Empleo en 2008 pasó a ser un convenio de colaboración sin cuantía económica incluida.

Además, el pasado año no se prorrogo el acuerdo con la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta, y que afecta a centros de acogidas de personas sin hogar, así como a centros de recursos para personas que salen de la cárcel sin delito de sangre y que no tienen dónde ir. La cantidad que se deja de apercibir por la no continuación de este convenio es de un millón y medio de euros anual.

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