UGT pide al Gobierno que use el 'stock' para crear un parque de vivienda en alquiler social

  • Propone que los pisos sin vender sea arrendados "a precios sociales".
  • UGT considera la ley de arrendamientos "una grave recesión social".
  • Critica la nueva norma porque favorece "claramente" al propietario.
Bloques de viviendas en Madrid.
Bloques de viviendas en Madrid.
JORGE PARÍS

El fin de los buenos tiempos ha dejado al sector inmobiliario con miles de pisos en las manos y sin vender. Las estimaciones hablan de unas 700.000 viviendas; de ellas una buena parte son propiedad de bancos y cajas. Si la economía no repunta y esos pisos no se van a vender, ¿pueden tener un fin social?

Cada vez más voces defienden esa posibilidad. Por ejemplo, el sindicato UGT, que ha pedido al Gobierno que cree un gran parque público de vivienda en alquiler social, usando para ello los excedentes de viviendas de las entidades financieras arrendados "a precios sociales".

No es la primera petición en ese sentido. Hace unos días, el Ayuntamiento de Sabadell (Barcelona) pedía a la banca que facilitara un listado de inmuebles susceptibles de formar parte de un programa de vivienda social para casos de emergencia y para dar respuesta a familias desahuciadas.

Lo cierto es que algunas entidades tienen ya pequeños programas de alquileres sociales. Es el caso de Caixa Catalunya, que ofrece pisos con alquileres inferiores a los 200 euros al mes.

Ley de arrendamientos: favorece al propietario

Al tiempo que ha pedido un fin social para tanto 'stock', UGT ha criticado el anteproyecto de ley de medidas para dinamizar el arrendamiento ya que entiende que es "una grave recesión social" para los hogares con menos recursos, que solo podrán acceder a una vivienda de alquiler.

UGT ha denunciado que esta norma favorece "claramente" al propietario y que ha sido aprobada por el Gobierno sin convocar la mesa de diálogo social. Considera que el texto sirve para reducir los derechos de los inquilinos ya que, en su opinión, el Gobierno cree que así aumentara la oferta de arrendamientos.

Además, critica la posibilidad de que se puedan reducir los plazos de duración del contrato y la recuperación del inmueble sin que esté previsto contractualmente o hayan transcurrido los cinco años desde su firma, "con escasa penalización si después se demuestra que eran falsas las razones invocadas para tal expulsión".

UGT cree que la nueva norma agiliza los desahucios y permite al arrendatario incrementar los precios del alquiler por encima del IPC.

Finalmente, el sindicato sugiere una equiparación fiscal del alquiler frente a la vivienda en propiedad, pues cree que la recuperación de la desgravación en el IRPF por la compra de vivienda favorece a la segunda.

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