El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Estepona (Málaga) ha tomado este martes declaración a varios testigos e imputados en el marco de la presunta trama de blanqueo de capitales y de corrupción urbanística que investiga y por la que este lunes fue detenido, entre otros, el exalcalde de la localidad malagueña de Casares Juan Sánchez.

Así, según han informado fuentes judiciales, el juez ha tomado declaración a tres testigos y a dos personas imputadas que no han sido detenidas. Además, durante la tarde también han pasado a disposición judicial dos personas que fueron detenidas por su presunta vinculación con esta trama y que no lo hicieron este lunes.

La operación se ha saldado, por el momento, con cinco detenidos. Así, han sido arrestado el exalcalde del municipio, su esposa, un abogado con despacho profesional en Estepona y otras dos personas, según informaron desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

El exregidor permanece en prisión hasta que deposite la fianza impuesta por el juzgado instructor que decretó su ingreso provisional eludible bajo fianza de 200.000 euros por los delitos de prevaricación relacionada con corrupción urbanística, cohecho y blanqueo de capitales.

Su defensa ha asegurado que Sánchez recurrirá a familiares, amigos, allegados y simpatizantes para hacer frente a esta cantidad, ya que, según ha explicado a Europa Press su letrado, en este procedimiento no se admite aval bancario o hipotecario para pagar la cuantía establecida.

El juzgado también ha decretado prisión provisional eludible bajo fianza de 10.000 euros, contando con un plazo de tres días para depositarla, para la esposa del que fuera alcalde de Casares, imputada por blanqueo de capitales, han señalado las mismas fuentes en un comunicado.

Por su parte, el abogado detenido quedó en libertad, imputado por delitos de blanqueo de capitales, alzamiento de bienes y relación con organización criminal. Además, tiene la obligación de comparecer en el juzgado los días 1 y 15 de cada mes.

El juzgado está investigado desde finales de 2010 una trama de blanqueo de capitales y corrupción urbanística, supuestamente relacionada con organizaciones criminales. Hasta el momento, se ha autorizado la entrada y registro en 14 inmuebles, incluido el Ayuntamiento del municipio y se han bloqueado 165 cuentas bancarias, 236 inmuebles y 19 vehículos.