La Consellería de Facenda ha defendido este martes la constitucionalidad de la ley de medidas temporales en el empleo público, contra la que los sindicatos han presentado un conflicto colectivo ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), y ha asegurado que los contenidos "cuentan con respaldo jurídico" y "ya llevan meses implantados en varias comunidades autónomas".

En un comunicado, el Gobierno gallego ha expuesto que existe un antecedente en Madrid, en donde una sentencia del Tribunal Superior de Justicia "desestimó una reclamación por conflicto colectivo de los sindicatos" contra la fijación en ley de la comunidad de Madrid de la jornada ordinaria mínima del personal del sector público.

La desestimación, ha indicado el departamento que dirige Elena Muñoz, "refuerza la idea de que no todo lo que afecta al régimen de personal laboral de las diversas administraciones públicas tiene encaje en el título competencial del Estado en el artículo 149.1.7 en lo que se hace referencia a la determinación de la duración de la jornada laboral".

"De esta manera, no es contraria a la normativa estatal y, por lo tanto, no provoca inconstitucionalidad", afirma la Xunta, que asegura que las administraciones incluidas en el ámbito de aplicación del artículo 2 del Estatuto Básico del Empleado Público "tienen capacidad para regular la duración de la jornada de sus empleados, pudiendo acordar tal medida o no". El Gobierno gallego argumenta que para conseguir que se adopte, el Estado la impone como medida de base y coordinación de la planificación general de la actividad económica a través de la ley de Presupuestos Generales del Estado.

En el caso gallego, prosigue Facenda, las condiciones laborales reconocidas para los trabajadores públicos por la ley de Función Pública de Galicia y su quinto convenio colectivo son "significativamente mejores que en otras comunidades". Además, la consellería ha insistido en que las actuaciones incluidas en la ley son "oportunas, necesarias y de carácter temporal". Son medidas, agrega, "que resulta imprescindible tomar en este momento para garantizar la sostenibilidad financiera de la comunidad".