Un total de 10.715 personas con discapacidad y movilidad reducida obtuvieron el año pasado la tarjeta de aparcamiento tramitada por la Consejería de Salud y Bienestar Social, un 15 por ciento más que en 2010. Con estos datos, el número de personas con tarjeta de aparcamiento en vigor a fecha 31 de diciembre de 2011 ascendía a 45.880.

Este documento, personal e intransferible, acredita a sus titulares a que puedan estacionar los vehículos a motor en los aparcamientos reservados para las personas con discapacidad y movilidad reducida, al tiempo que disfrutar de las ventajas que los ayuntamientos establezcan en su favor. Aparte de en Andalucía, según detalla la Consejería de Salud y Bienestar Social en una nota, tiene validez en todo el territorio nacional y en los países integrantes de la Unión Europea.

Del total de tarjetas expedidas el año pasado, 1.863 fueron para personas con una discapacidad visual igual o superior al 65 por ciento y 60 para menores de tres años. Por provincias, Sevilla acumuló el mayor número de tarjetas (2.337), seguida de Málaga (2.326), Cádiz (1.707), Huelva (1.054), Granada (1.025), Córdoba (804), Almería (802) y Jaén (660).

La nueva tarjeta de aparcamiento, modificada a raíz de una orden que entró en vigor en junio de 2010, se puede obtener ahora en el mismo momento de la solicitud o en un plazo máximo de dos días hábiles, siempre que se tenga reconocido un grado de discapacidad de al menos el 33 por ciento y una movilidad reducida. Además, se ha ampliado la población beneficiaria de esta tarjeta a las personas con una discapacidad visual superior o igual al 65 por ciento y a las menores de tres años que tengan reconocida una discapacidad grave o muy grave.

En la nueva tarjeta se ha modificado su formato para incorporar más medidas de seguridad, a fin de evitar su falsificación, y se ha reducido el plazo de su vigencia inicial de los diez a los cinco años, para las personas mayores de 70 años, y a dos años en el caso de las mayores de 80.

Los organismos encargados de determinar las condiciones de los solicitantes son los centros de valoración y orientación de la Consejería de Salud y Bienestar Social, que se ocupan, entre otras cosas, de valorar las discapacidades física, psíquica y sensorial.