El Ayuntamiento de Palma ha aprobado, con los votos del PP, la abstención del PSIB y el rechazo del PSM-IV-ExM, el endeudamiento del Consistorio para pagar 100 millones de euros a los proveedores municipales a partir del 31 de mayo.

La mayoría absoluta del actual equipo del PP ha permitido aprobar la solicitud de una operación de endeudamiento a largo plazo conforme al Real Decreto 4/2012, concretamente hasta diez años con dos de carencia.

El regidor del área de Economía, Hacienda e Innovación, Julio Martínez, ha destacado que para el Consistorio es "una prioridad reducir la deuda con proveedores". Por ello, ha defendido que la propuesta aprobada este martes en sesión extraordinaria "no" es para incrementar la deuda municipal, ante las críticas de la oposición.

Martínez ha defendido que este endeudamiento es la "única" opción "viable" para hacer frente a las facturas que Cort todavía no ha pagado a los proveedores de entidades locales, que atribuye a la gestión del equipo del anterior Gobierno municipal.

No obstante, ha criticado que "el actual equipo de Gobierno se encontró un tren parado en una estación" y ahora, "ni el PSM-IV-ExM ni el PSIB-PSOE apoyan pagar su deuda". "Nos dejaron muchas deudas y la caja vacía", ha subrayado. Además, Martínez ha considerado que la oposición "no presenta alternativas y solo critica". "Yo soy un indignado", ha afirmado en un día en que se conmemora un año del 15-M, en referencia a que "los políticos no quieren asumir sus responsabilidades".

Los socialistas se abstienen

La portavoz socialista del Ayuntamiento de Palma, Aina Calvo, ha afirmado que para los socialistas es "un motivo de satisfacción" que se apruebe el pago a los proveedores para "solventar y proyectar un futuro con esperanza".

No obstante, ha explicado que la abstención del grupo ha venido determinada por el relato del PP sobre la herencia "incierta" que ha dejado el anterior Gobierno municipal, presidido por Calvo.

En este sentido, ha detallado que la certificación del interventor "demuestra que el 99,87 por ciento de las facturas pendientes a proveedores no estaban vencidas" cuando su equipo dejó la dirección de Cort. Ello significa que "no llevábamos ningún retraso y no había facturas pendientes". Así, ha comentado que las facturas del anterior Gobierno "son como las que cualquier Ejecutivo se encuentra después de un cambio", recordando los 100 millones a los que su equipo "tuvo que hacer frente".

Así, Calvo ha considerado que el plan de pagos es una medida "extraordinaria" por parte del Gobierno del Estado que "da oxígeno a los gobiernos municipales, aunque los Ayuntamientos deberán hacer frente al crédito". "Es una medida extraordinaria para no paralizar el pago a los proveedores", ha afirmado.

Sin embargo, ha manifestado que "no podemos aceptar la difamación y un relato equivocado" del actual equipo del PP "que confunde a la ciudadanía y que priva de credibilidad y confianza". Por ello, ha lamentado "que el alcalde consienta que la difamación sea el sustento de una iniciativa buena para los ciudadanos de Palma".

Por su parte, el concejal del grupo municipal socialista, Andreu Alcover, ha defendido que en la anterior legislatura el Gobierno municipal "no" tuvo que reclamar "medidas expeditivas".

PSM-IV-ExM

Afirma que se favorece a los bancos

El portavoz del grupo municipal PSM-IV-ExM, Antoni Verger, ha rechazado la aprobación de solicitud del endeudamiento de Cort porque "bajo un título positivo esconde una operación en la que ganan los bancos y pierden los ciudadanos".

Verger ha matizado que con esta iniciativa del PP "se transfieren recursos públicos a los bancos de forma clara", pues se aplicará un 7 por ciento de interés al Ayuntamiento de Palma.

El grupo está a favor del pago a los proveedores, aunque Verger afirma que el endeudamiento de Cort "condicionará la vida del Ayuntamiento" por la "incapacidad" de prestar servicios a la ciudadanía.

Verger ha añadido que estos servicios quedan "hipotecados" y "disminuidos" y los ciudadanos "tienen que pagar el desastre de la gestión de los bancos".

Así, ha atribuido que la deuda a los proveedores es "del Estado y de las Comunidades Autónomas" y que el Ayuntamiento "no es el principal culpable". Con ello, el Consistorio quedará "sin margen de maniobra", afirma.