Matanza de Qaná
Matanza de Qaná EFE

Los investigadores israelíes han asegurado que los pilotos de la Fuerza Aérea de ese país que bombardearon un edificio de la ciudad libanesa de Qana, creían que no había civiles en el inmueble. Sin embargo, más de medio centenar de civiles, en su mayoría niños, murieron sepultados por el edificio que se desplomó tras el impacto de varios misiles.

Es más, el informe sostiene que la milicia chiíta de Hizbulá utilizó a civiles como escudos humanos.

Amnistía desestima los argumentos israelíes y pide que una comisión humanitaria de investigación recabe información en ambos países, para que el informe final no se base sólo en las declaraciones del Ejército israelí.

"No podemos permitir que una investigación sobre los hechos de Qaná sea un encubrimiento", señaló la organización en un comunicado .

"Lo que se necesita es una investigación independiente que examine todos las denuncias creíbles de violaciones de la ley humanitaria que hayan tenido lugar durante este conflicto".

"Cualquier investigación necesita que [los investigadores] puedan cruzar fronteras y hablar con los supervivientes del ataque así como con las tropas implicadas", añade AI.

"No es suficiente que el Ejército israelí se investigue a sí mismo", dado que "Israel tiene una historia de no investigar las muertes de civiles o llevar a cabo investigaciones tendenciosas".

Lanzar un ataque indiscriminado o desproporcionado contra civiles es un crimen de guerra

Según Amnistía, pese a lo que aseguran las fuerzas israelíes, es difícil que el Ejército no supiera que había civiles en el edificio de Qaná. Supervivientes entrevistados por la organización aseguran que llevaban en el inmueble unas dos semanas, por lo que las fuerzas israelíes, que sobrevolaban la zona frecuentemente, debían de conocer su presencia.

AI advierte de que alertar a los civiles para que abandonen una zona no exonera a los israelíes de sus responsabilidades bajo la ley humanitaria internacional. Lanzar intencionalmente un ataque indiscriminado o desproporcionado, o dirigir ataques a civiles o infraestructuras civiles, es un crimen de guerra, recuerda Amnistía.