La titular del Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia ha notificado este jueves a las partes un auto por el que se levanta el secreto al que hasta ahora han estado sujetas las diligencias previas de la conocida como 'causa de la cooperación'.

La causa está abierta en el Juzgado de Instrucción 21 de Valencia desde mayo de 2011 por los supuestos delitos de malversación de caudales públicos, fraude de subvención, blanqueo de capitales, cohecho y falsedad documental, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en un comunicado.

Por estos supuestos delitos, hay 22 personas imputadas, a tres de las cuales no se les ha podido tomar declaración. De esos 22 imputados, seis son cargos o excargos en la administración, como el ex director general de Integración y Cooperación de la Generalitat, Josep Maria Felip; o el ex subsecretario de Sanidad, Alexandre Catalá, ambos cesados por el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, por este motivo. Las otras 14, en su mayoría, están relacionadas con distintas ONG. Una de ella es Augusto César Tauroni, que está en situación de prisión provisional.

La juez mantiene distintas medidas cautelares para todos los imputados que están en libertad provisional, desde la presentación periódica en los juzgados a la retirada de pasaporte o la obligación de solicitar autorización para salir del país o comunicar cualquier cambio de domicilio.

En la investigación que dirige la juez, están implicadas, al menos, seis ONG, entre las que se encuentra la Fundación Hemisferio. Asimismo, son 19 los testigos a los que ya se ha tomado declaración.

La acción judicial se sigue por un supuesto fraude en las subvenciones concedidas por la extinta Conselleria de Solidaridad y Ciutadania —que dirigía el actual portavoz del PP en las Corts, Rafael Blasco— en los ejercicios 2008, 2009, 2010 y 2011 destinadas a la cooperación al desarrollo con el tercer mundo.

En concreto, se investiga el supuesto desvío parcial de las cantidades que se concedían a determinadas ONG a través de las subvenciones. La mecánica de desvío del dinero obtenido de la administración a través de subvenciones ha sido, supuestamente, "hinchar facturas que justificaban el dinero concedido", según el TSJCV.

Los proyectos sobre los que supuestamente se ha desviado parte del capital concedido por la administración se ubicaban en Guinea Ecuatorial, Camerún, Mauritania, República Dominicana, Nicaragua, El Salvador, Tailandia y Haití. En este momento de la instrucción, no se ha podido precisar todavía el dinero supuestamente defraudado.

Durante el año de instrucción que lleva la causa en Instrucción 21, la juez ha acordado la práctica de distintas pruebas, como documental, testifical, pericial y entradas y registrados en domicilios de personas físicas y jurídicas, incluidas dependencias oficiales de la Conselleria de Bienestar Social, ahora de Justicia y Bienestar Social.