El conselleiro de Economía e Industria, Javier Guerra, ha defendido este lunes las gestiones de la Xunta y del Gobierno central a favor del sector naval, y ha recordado que esa defensa se ha reflejado "con hechos y no con palabras", al tiempo que ha lamentado que los intentos de estas dos administraciones por buscar una solución a la suspensión del tax lease se han topado con la "inflexibilidad" de la Comisión Europea de la Competencia.

En declaraciones a los medios después de una visita a una empresa auxiliar de la automoción, Javier Guerra se ha referido a la manifestación celebrada el sábado en Vigo, en defensa del naval, y en la que los sindicatos han responsabilizado a la Xunta y al Gobierno "del PP" de la actual situación del sector.

"A mí ya no me sorprende nada", ha apuntado el conselleiro a ese respecto, pero ha añadido que "los sindicatos olvidan que llevamos mucho tiempo con este problema, y que el ministro anterior ni siquiera se sentó con el comisario Almunia, como ha hecho el actual". Además, ha recordado que han sido las ayudas de la Xunta las que han permitido sobrevivir a empresas como Vulcano o Factoría Naval.

En todo caso, Guerra ha subrayado que el naval es un "sector prioritario" para el Gobierno gallego, que "seguirá trabajando" para desbloquear la actual paralización en los contratos. En referencia a las críticas de los sindicatos, ha afirmado no sentirse "más presionado", porque ya lo estaba, al tratarse de una industria estratégica para Galicia.

Finalmente, ha apuntado que la Xunta respeta "a quien se manifestó" y ha añadido que, de hecho, el PP estuvo presente en la marcha, porque "si el lema era la defensa del naval, tenía que estar allí".

ASIME

Por su parte, la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Galicia, Asime, ha emitido un comunicado en el que ha pedido al Gobierno central y a la

Ue "mayores esfuerzos" en defensa de las empresas del naval así como una mayor agilidad en la toma de decisiones relacionadas con el desbloqueo del tax lease.

Según el portavoz de Asime, Enrique Mallón, la "gestión deficiente" de esta crisis puede acabar con la desaparición del sector, por lo que ha insistido en urgir una alternativa a las bonificaciones fiscales que permite reanudar la contratación.

Finalmente, han animado a la administración española a acudir a los tribunales europeos si entiende que hay un "trato discriminatorio" en la valoración de sus propuestas, aunque ha matizado que "ésta no es la solución".