El expresidente del Gobierno balear y exministro Jaume Matas ha presentado un escrito de queja ante la Fiscalía General del Estado para poner en su conocimiento la ausencia de equidad en la actuación de los fiscales anticorrupción respecto a él en comparación con los exaltos cargos de la Comunitat Valenciana y Cataluña, quienes, al contrario que Matas, no han sido imputados en las pesquisas sobre el Instituto Nóos sino que han sido llamados a declarar como testigos.

Ya al inicio de su queja, a la que ha tenido acceso Europa Press, la defensa del exjefe del Ejecutivo autonómico alega que nada más conocer la existencia de indicios de presuntas irregularidades en torno a Nóos, el Ministerio Público debió requerir la inhibición del juez instructor del caso Palma Arena, José Castro, que también asumió estas pesquisas, a fin de que fueran remitidas al juez decano de Palma "para que señalara el juez competente conforme a las normas de reparto".

Magistrado que, a su juicio, "nunca pudo ser" el del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma -del que Castro es titular- "por cuanto está exclusivamente dedicado al caso Palma Arena", una de cuyas piezas -la número 25- es la que indaga las actividades supuestamente ilegales llevadas a cabo a través de Nóos.

Asimismo, el letrado de Matas, Antonio Alberca, afirma que ya en la primera declaración que prestó su patrocinado ante el juez, en marzo de 2010, "no nos constaba su imputación en los hechos" y fue con posterioridad cuando la Fiscalía solicitó su encausamiento en este fleco de la causa.

En cuando a la actuación del resto de responsables políticos que intervinieron en contrataciones con Nóos, el letrado asevera que, tal y como consta en los diversos autos dictados por el juez Castro, en otras Comunidades Autónomas -Comunidad Valenciana y Cataluña- "se concertaron convenios de colaboración y contratos administrativos similares" a los que suscribió el Gobierno balear con el Instituto para la celebración, en 2005 y 2006, de dos foros sobre turismo y deporte.

"conexión errónea"

Y pese a ello, añade, los demás responsables de estas decisiones políticas, "esto es, presidente o consejeros, de forma correcta han sido o van a ser llamados a declarar como testigos, de acuerdo con la petición formulada con la correspondiente Fiscalía". "Creemos que esta correcta forma de actuar de la Fiscalía en estos casos demuestra que la misma responsabilidad política y administrativa en lo que afecta al Govern balear no puede comportar la solicitud de declaración como imputado del señor Matas".

En este contexto, Alberca afirma que, "porque no dudamos del principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la Ley, no podemos entender que se aplique el criterio correcto en lo que afecta a los responsables políticos de Cataluña y Valencia y no se proceda con la misma equidad con mi representado, que está fuera de la política".

Finalmente, expone que "la única explicación" que encuentra, "a nuestro entender discriminación", es que pueda responder a la necesidad de mantener la conexión errónea de esta pieza con la causa principal de la investigación o evitar que la competencia de la misma se traslade a otra instancia judicial, por el carácter aforado de algunos implicados". Así las cosas, apela al deber de la Fiscalía "de actuar con total imparcialidad en defensa de la legalidad y de los derechos constitucionales".