El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha anunciado este lunes que el Gobierno únicamente introducirá la prisión permanente revisable para los delitos de máxima gravedad en el terrorismo y que no la hará extensible a los delitos contra la libertad sexual, que sí contarán con medidas adicionales, como la custodia de seguridad, que consiste en una medida privativa de libertad.

Tras reunirse con el padre de la joven sevillana asesinada Marta del Castillo, Antonio del Castillo, Gallardón ha defendido que la custodia de seguridad es una nueva medida adicional que irá recogida en la sentencia en la que se le fijará la pena de prisión al autor del delito y tendrá una duración máxima de diez años.

El ministro ha defendido la idoneidad de esta medida porque será impuesta en función de la peligrosidad del autor del delito. Eso significa, según sus palabras, que no se aplicará exclusivamente a los delitos más graves sino para los que tengan "una previsión de continuidad o agravamiento" de modo que sirva de "protección" a la sociedad. La custodia de seguridad ya se aplica en países de nuestro entorno, como Alemania, Reino Unido o Francia, y en España también se podrá imponer a casos de delitos graves relacionados con el tráfico de drogas.

Gallardón ha querido dejar claro así que la prisión permanente revisable será exclusiva para los delitos más graves de terrorismo, porque éstos se cometen dentro de una organización y "buscan atacar la esencia del estado democrático", mientras que los cometidos contra la libertad sexual, "sin merecer menos reproche", tienen un "carácter individual".

Desaparece el delito continuado

Entre las medidas anunciadas este lunes por el responsable de Justicia también está la supresión de la figura del delito continuado para los delitos de naturaleza sexual de modo que se abordará delito por delito para que los tribunales tengan un marco legal que les permita ajustar la gravedad de la pena al número de delitos cometidos y a la gravedad de los mismos.

Asimismo, se agravará la detención ilegal con desaparición forzada, especialmente en los casos con motivación sexual y con víctimas menores, para que la pena se imponga se adapte mejor a la gravedad de la conducta.

Al término del encuentro, que ha durado alrededor de hora y media, Gallardón ha agradecido al padre de Marta su labor para "hacer de su dolor personal" una "medida preventiva" y de ayuda a la sociedad. Por su parte, éste no ha ocultado que su "satisfacción" es únicamente "parcial" por la no inclusión de la prisión permanente revisable pero sí ha valorado que, al menos, las novedades del Gobierno permiten tener "algo judicial y legal para poder retener dentro (de la cárcel)" a los autores de estos delitos.

"'El Rafita' y 'el Boca' tenían que salir ahora y con esta medida no saldrían", ha dicho en relación a otros de los delitos de violencia sexual con mayor repercusión Del Castillo que, no obstante, ha asegurado que se sentiría "del todo satisfecho si se llamaran las cosas por su nombre".

Documento de propuestas

Del Castillo ha entregado a Gallardón un documento en el que pide el cumplimiento del programa electoral y las promesas anunciadas en campaña porque "la sociedad no puede consentir más promesas incumplidas". El punto más destacado de ese texto era la pena de prisión permanente revisable a aquellos delitos "más graves y con mayor reproche social" de modo que "violar, torturar y asesinar a un niño tenga esa "máxima pena".

Otro de los puntos más destacados del texto y que el padre de Marta ha venido reclamando desde que ocurriera el caso de su hija es la Reforma de la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor, concretamente, pide la rebaja de la edad penal para establecer medidas de reinserción, incremento de penas para delitos de asesinato la eliminación de la entrevista previa y el enjuiciamiento conjunto.

En el texto, reclama la clasificación de delitos de especial gravedad para exigir el cumplimiento íntegro de las penas y exige que se establezca el cumplimiento de las nueve décimas partes de la condena para acceder a beneficios penitenciarios, ser clasificado en tercer grado y obtener la libertad condicional en delitos de especial gravedad, homicidio y asesinato, violaciones y abusos sexuales cometidos contra menores.

En la misma línea, pide el establecimiento de medidas de seguridad postpenales (libertad vigilada a cumplir tras la salida de prisión, para aquellos que hubieran cometido un delito de especial gravedad, atención y seguimiento a psicópatas, asesinos y pederastas) y la aprobación de un estatuto o ley integral de víctimas que cuente con el consenso de las asociaciones de victimas, otra de las propuestas electorales del PP.

Por último, en ese documento que le fue entregado al ministro y que éste se ha comprometido a estudiar, recoge que se tipifique el delito de destrucción de cadáver de modo que las desapariciones no sean una ventaja procesal y que se tipifique, asimismo, el descuartizamieto y la profanación del cadáver.