El Ayuntamiento de Rute (Córdoba), gobernado en minoría por el PSOE desde las pasadas elecciones municipales, ha dado traslado a la Fiscalía de la documentación relativa a un préstamo, por casi tres millones de euros, suscrito por el anterior alcalde de IU, Francisco Javier Altamirano, por ser "ilegal", según un informe del interventor municipal.

En dicho informe, al que ha accedido Europa Press, se indica que la liquidación del presupuesto municipal de 2009 indicaba ya el incumplimiento del plan de saneamiento, "lo que prohíbe la concertación de nuevas operaciones de préstamo a largo plazo, siendo por ello ilegal la operación firmada" en 2010 por el entonces alcalde.

A esto se suma, según recoge el mismo informe, que la firma de dicho préstamo, por valor de 2.950.000 euros, suscrito por un plazo de dos años, con dos de carencia y un interés del 4,50% el primer año y del euribor más un punto el resto, con un mínimo del 4,25%, no fue aprobada por el Pleno del Consistorio por "mayoría absoluta", como era preceptivo, dada su cuantía en relación con el presupuesto municipal (de unos siete millones).

También hace notar el interventor que en el presupuesto municipal no había partida alguna para hacer frente a los gastos de la comisión de apertura del préstamo que, además, y dada la vigencia del citado plan de saneamiento, debía haberse concertado con la autorización previa de la Junta de Andalucía.

Por todo ello, en el informe del interventor se concluye que "la concertación de la operación de préstamo aprobada se debe considerar nula de pleno derecho", dado que "se trata de un acto administrativo dictado por órgano (decreto del alcalde) manifiestamente incompetente y prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legal establecido".

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La fiscalía

Teniendo en cuenta dicho informe de reparo del interventor y dado que en el último Pleno municipal la oposición (IU y PP) impidió que saliera adelante la propuesta del actual gobierno municipal del PSOE de concertar un préstamo de 4,4 millones de euros, con el único objetivo, a propuesta del interventor, de "refinanciar" parte de la deuda municipal, que suma 9,4 millones de euros, es por lo que el actual alcalde, el socialista Antonio Ruiz, ha decidido "dar traslado a la Fiscalía" del citado préstamo suscrito el pasado mandato por el alcalde de IU.

En declaraciones a Europa Press, Ruiz ha explicado que la situación económica del Ayuntamiento es tremendamente complicada, como resultado de la gestión del anterior gobierno municipal de IU, dado que tiene concertados "préstamos con los bancos por valor de 6,6 millones de euros", incluyéndose en esta cantidad los casi tres millones del citado préstamo "ilegal", cuyo periodo de carencia ya concluye y habrá que empezar a amortizar capital del mismo.

A ello se suma que, en el marco del plan de ajuste al que han tenido que acogerse todos los ayuntamientos para el pago de facturas pendientes a proveedores, el Ayuntamiento ruteño tendrá que hacer frente también a un préstamo de más de 2,8 millones de euros, cuando resulta que el anterior gobierno municipal dejo facturas pendientes de pago por valor de 5,8 millones de euros.

Ante esta situación y, a instancias del interventor, se llevó al Pleno la propuesta de formalizar el mencionado préstamo de 4,4 millones, para refinanciar parte de la deuda municipal, con un plazo de diez años y los cuatro primeros de carencia, "pero IU y PP lo rechazaron y dijeron que se pagase ahora el préstamo" que firmó el anterior alcalde, algo a lo que no está dispuesto el actual regidor municipal, quien entiende que "no se puede empezar a pagar un préstamo considerado ilegal, al menos no hasta que la Justicia se pronuncie".