La Fiscalía ha solicitado una condena de diez años y seis meses de prisión para el propietario de un club de alterne de Siero por tráfico de estupefacientes y blanqueo de capitales, que, en caso de condena, deberá abonar además una multa de 800.000 euros.

De este modo, las condenas para los cuatro acusados suman más de 23 años de cárcel, multas por valor de 1,5 millones de euros y la clausura del establecimiento durante cinco años.

El Ministerio Público ha modificado levemente sus conclusiones relativas al delito contra la salud pública al ajustar el porcentaje relativo a la pureza de la droga según una interpretación más favorable para los imputados. Por su parte, las peticiones de pena por el blanqueo se mantienen.

La Fiscalía Antidroga informó este miércoles sobre sus conclusiones definitivas en el juicio que se sigue esta semana en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Asturias por delitos contra la salud pública y blanqueo de capitales.

Los hechos

El Ministerio Fiscal sostiene que desde agosto de 2009 el Grupo de Estupefacientes de la Jefatura Superior de Policía de Asturias detectó la proliferación de la venta de cocaína en diversos clubes de alterne del centro de la región, realizándose presuntamente esta actividad por una persona con domicilio en Oviedo, el acusado J. C. G.

Así, con autorización judicial, se practicaron escuchas en los teléfonos de este acusado, detectándose estaba vinculado al club de alterne El Olivo, en El Berrón, Siero, propiedad del acusado C. Á. F., a pesar de que el local estaba puesto a nombre de otras personas. Este acusado era quien presuntamente establecía los contactos para proveerse de la cocaína, realizando personalmente los viajes a Villagarcía de Arousa (Pontevedra) para concertar con los traficantes de droga de esa provincia las entregas de la droga.

En el curso de esta investigación, la Policía descubrió el 23 de noviembre de 2009 que los acusados acababan de recibir una partida de estupefacientes, por lo que solicitaron del Juzgado de Instrucción las autorizaciones de entradas y registros domiciliarios, practicándose la detención de los dos primeros acusados el 25 de noviembre de 2009.