El primer Pleno del Parlamento de la nueva legislatura, que se desarrollará el miércoles y jueves de la próxima semana, incluirá un debate general, con propuestas de resolución, sobre la incidencia y repercusión de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de este año en Andalucía, que ha sido propuesto por PSOE-A e IULV-CA, socios en la Junta.

En rueda de prensa, el portavoz del grupo parlamentario socialista, Mario Jiménez, ha recordado que es tradición que el Parlamento evalúe cada año a través de un debate general en el Pleno la incidencia de los PGE en Andalucía y ha estimado que en esta ocasión esta iniciativa está más justificada por cuanto estamos ante una cuentas que son "enemigas de lo bueno para Andalucía" y que tienen unos planteamientos "dañinos" para el estado del bienestar y para el estado de las autonomías.

Para Jiménez, es fundamental que el Parlamento andaluz conozca en profundidad la incidencia de los PGE en esta tierra y reaccione "en defensa" de Andalucía, de su Estatuto de Autonomía y de nuestro modelo social.

Ha insistido en que los PGE elaborados por el Gobierno de Mariano Rajoy están "mal planteados y mal orientados" porque buscan la paralización de la economía y la destrucción de empleo y de derechos sociales, ya que la derecha cree que "todo se puede someter al imperio del mercado".

En cuanto a su incidencia en Andalucía, Jiménez ha señalado que suponen un "mazazo" para las posibilidades de crecimiento económico y de generación de empleo y para las familias andaluzas, al tiempo que incumplen la Disposición Adicional Tercera del Estatuto de Autonomía al no contemplarse un nivel de inversión similar al peso poblacional de esta comunidad.

En su opinión, los PGE de Mariano Rajoy "castigan a Andalucía como a ninguna otra comunidad con una pérdida de más de 1.100 millones de euros respecto a 2011". "Hay un ensañamiento del Gobierno de la Nación con Andalucía con la complicidad del PP-A y de su presidente, Javier Arenas, que quiere cubrir sus frustraciones políticas agrediendo a las familias andaluzas", según Mario Jiménez.

Asimismo, ha puesto el acento en que los PGE no se presentaron en tiempo y forma porque el Gobierno de Rajoy quería ocultar a los andaluces y españoles "el mazazo que se iba a dar al estado de las autonomías y al estado del bienestar".

En este sentido, el portavoz socialista ha estimado que el Parlamento andaluz debe reaccionar en términos de defensa de nuestro modelo autonómico y social y de las familias andaluzas.

Preguntado sobre si el PSOE-A planteará en sus propuestas de resolución que el Parlamento y el Gobierno recurran ante el Tribunal Constitucional esos PGE, ha manifestado que hay que esperar al debate final de esas cuentas en el Parlamento de la Nación y si finalmente son atendidas las enmiendas que ha planteado el grupo socialista para corregir la "inconstitucionalidad manifiesta" de las cuentas.

Ha confiado en que el diálogo durante ese último trámite de los PGE dé frutos, apuntando que, en caso contrario, las instituciones andaluzas no tendrán otra opción que defender el Estatuto de Autonomía.

Defensa de la educación pública

De otro lado, el PSOE-A defenderá también en este primer Pleno de la legislatura una proposición no de Ley en defensa de la escuela pública como garantía de equidad e igualdad de oportunidades, en la que se insta a la Junta a mantener las actuales ratios alumnado/unidad establecidas en la Ley Orgánica de Educación (LOE) y a que el nuevo ajuste económico para garantizar la estabilidad presupuestaria ni suponga recorte alguno para la escuela pública de Andalucía.

Mario Jiménez ha denunciado la "agresión" que supone para la escuela pública el real decreto del Gobierno central de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, que solo persigue que haya una "educación de primera y otra de segunda" y la "privatización" del sistema.

Ha señalado que Andalucía va a defender un modelo diferente, que supone el mantenimiento de la escuela pública como garantía de igualdad de oportunidades y ha manifestado que la financiación de la educación pública debe quedar a salvo de los recortes del Gobierno español.