El Defensor del Pueblo pide explicaciones sobre el "excesivo" precio del ADSL

Las claves:
  • Las quejas de los usuarios han llamado la atención del Defensor del Pueblo.
  • Considera que el precio que se está pagando por el ADSL es "excesivo" y pide explicaciones.
  • El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, ha dirigido dos misivas al Secretario de Estado de Telecomunicaciones interesándose por las reclamaciones de los usuarios en dos aspectos:

    • Los servicios de SMS.
    • El "alto precio" del ADSL.

    Ha mencionado que la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones considera "insuficiente" el crecimiento de la banda ancha en España, y que a esto hay que añadir las quejas de los ciudadanos, "que evidencian que el precio que ha de pagarse por la percepción de este servicio es excesivo en comparación con el resto de países de la UE".

    De hecho, los precios de los servicios de banda ancha en el mercado español son alrededor de un 25% superiores a los de los países del entorno, según la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT).

    Además, considera que "el impulso de la banda ancha es fundamental y prioritario" para el desarrollo de una sociedad tecnológicamente avanzada.

    Su oficina ha remitido un escrito al secretario de Estado de las Telecomunicaciones, Francisco Ros, solicitándole un informe en el que se haga constar la veracidad de las noticias publicadas al respecto y, en su caso, "las medidas propuestas o que se estén estudiando desde la Administración a fin de extender la banda ancha en nuestro país".

    "Concretamente, en lo relativo al precio del servicio, se pregunta sobre si se ha estimado la adopción de alguna medida sobre el particular", explicó el Defensor del Pueblo.

    En cuanto a los SMS, la adjunta Primera del Defensor del Pueblo se ha dirigido al secretario de Estado de las Telecomunicaciones para que éste "informe" sobre el caso de los SMS.

    Según Múgica, ante la "ausencia de normativa aplicable sobre el particular", la Secretaría, dependiente de Industria, "se inhibe" ante las reclamaciones de los ciudadanos.

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