La mayoría de ciudades españolas no se ha planteado por el momento ampliar el cobro del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a la Iglesia, a diferencia de Zamora, que esta semana ha anunciado su intención de actualizar el padrón de edificios, uniéndose así a los ayuntamientos de Palencia y Salamanca. Valladolid y León, entre otros, han decidido encargar sendos informes jurídicos para clarificar si tienen atribuciones para cobrarlo.

La Ley de Haciendas Locales, que regula la financiación de los ayuntamientos, señala que estas las corporaciones no pueden cobrar este impuesto a los inmuebles de la Iglesia en los casos previstos en el Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre asuntos económicos, firmado en 1979.

El artículo cuatro de este acuerdo establece como exenciones totales o permanentes los templos y capillas destinadas al culto, así como sus dependencias o edificios anejos destinados a actividad pastoral; la residencia de los obispos, canónigos y sacerdotes; los locales destinados a oficinas, la Curia Diocesana y oficinas parroquiales; los seminarios destinados a formación del clero y las universidades eclesiásticas; así como los edificios destinados a casas o conventos de las órdenes o congregaciones religiosas.

En base a esta normativa, lo que ha hecho el Ayuntamiento de Zamora ha sido revisar y actualizar el padrón de inmuebles para ampliar el cobro del IBI a todos aquellos edificios de la Iglesia que no están exentos de este impuesto, ya que ha argumentado que el acuerdo con el Vaticano "dice que algunos templos están exentos de este pago, pero otros no".

Pero a pesar de los argumentos que ha dado Zamora para tomar esta decisión, existen muchas dudas acerca de qué pueden cobrar los ayuntamientos a la Iglesia. Mientras que Soria baraja la posibilidad de "revisar los privilegios" de ciertos estamentos, como la Iglesia, porque ve "legítimo" un cambio en la normativa, otros consistorios que tampoco han descartado del todo el cobro del IBI, como León, Valladolid, Burgos o Cáceres, han optado por encargar sendos informes jurídicos para saber exactamente a qué atenerse.

Sin embargo, para el Ayuntamiento de Almería no hay lugar a dudas: el cobro del IBI a edificios de la Iglesia sería una medida "ilegal", ya que la propia Ley de Mecenazgo de 2002, que equipara el régimen fiscal de la Iglesia al del resto de entidades del sector no lucrativo como ONG o fundaciones, deja exenta a la institución del cobro de este impuesto.

Propuestas rechazadas en pleno

Por lo demás, el resto de grandes ciudades y capitales de provincia y de comunidad han descartado por el momento actualizar el padrón de bienes inmuebles de la Iglesia para ampliar el cobro del IBI. Algunos de ellos, como Valencia, Huelva, Oviedo y Santiago de Compostela, han rechazado recientemente en Pleno sendas propuestas, en la mayoría de los casos presentadas por IU.

En el caso de Madrid o Santander, han sido sus propios alcaldes los que se han pronunciado al respecto, rechazando de plano esta posibilidad. La madrileña Ana Botella dijo esta semana que su Ayuntamiento "no se ha planteado exigir a la Iglesia el pago del IBI", añadiendo que hay otros edificios, no dependientes del clero, que tampoco lo pagan. El santanderino Íñigo de la Serna se ha limitado a señalar que no tienen "ningún planteamiento de ningún tipo más allá de lo que se viene haciendo habitualmente".

Los alcaldes de Teruel, Málaga y Toledo lo ven desde una óptica distinta, y es que dudan de la posibilidad legal de cobrar el IBI de los bienes eclesiásticos. En cualquier caso, apuestan por que cualquier medida que se tome al respecto se decida en conjunto. En este sentido, el Ayuntamiento de Lugo ha sido más concreto al pedir que se "canalice" a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

La propia FEMP ha asegurado a Europa Press que ningún consistorio le ha consultado o planteado aún dudas sobre este asunto, aunque ha remarcado que, para cualquier cuestión que se les plantee, deben acudir al Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre asuntos económicos.

Este convenio no dice nada, sin embargo, de tasas municipales, como la de basuras, un impuesto que Zamora también comenzará a cobrar a edificios de la Iglesia. A este respecto, la FEMP es clara: si el acuerdo con el Vaticano no lo menciona, se trata de una cuestión que depende de la autonomía de cada corporación.

El gobierno no ve razón "fundada"

Tras la polémica suscitada por el anuncio de Zamora de ampliar el cobro del IBI a la Iglesia, el Gobierno fue uno de los primeros en reaccionar. El director de Cooperación Jurídica y Relaciones con las Confesiones del Ministerio de Justicia, Ángel Llorente Fernández de la Reguera, no ve razón "fundada" para modificar el Acuerdo con la Santa Sede.

Es más, ha recordado, en una entrevista concedida a Europa Press, que ningún gobierno ha modificado este marco legal desde que se aprobó en 1979, por lo que considera que ha funcionado "muy bien" y que "la regulación es satisfactoria y no hay ninguna alternativa que pueda verse como algo mejor".

En cambio, la Conferencia Episcopal no ha querido pronunciarse respecto a la medida anunciada por Zamora y se ha remitido a las declaraciones que hizo sobre este asunto su vicepresidente para asuntos económicos, Fernando Giménez Barriocanal, el pasado 1 de marzo, cuando precisó que el régimen tributario de la Iglesia católica en España es el que se recoge en la Ley de Mecenazgo, "que protege la iniciativa privada y el interés social y que permite a las instituciones que están colaborando con la sociedad tener un régimen de colaboración que en vez de ser de subvención directa, son de subvención indirecta".