El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) ha desarrollado durante el mes de mayo la denominada 'Operación Gato' en un total de 18 provincias españolas, entre ellas Toledo y Guadalajara, para controlar el correcto tratamiento de los vehículos al final de su vida útil.

Durante la campaña han sido inspeccionados 111 establecimientos, denominados Centros Autorizados de Tratamiento, y otros gestores de residuos, en los que se han verificado las condiciones de almacenamiento y reciclaje de más de 3.800 vehículos.

Durante estas actuaciones se han formulado un total de 417 denuncias por infracciones a la normativa sobre residuos y han resultado imputadas ocho personas por supuestos delitos de falsedad documental.

La operación ha sido desarrollada en Pontevedra, Ourense, Barcelona, Tarragona, Girona, La Rioja, Zamora, Salamanca, Valladolid, Ávila, Madrid, Sevilla, Málaga, Cádiz, Badajoz y Cáceres.

La finalidad de esta operación, según explica el Instituto Armado, ha sido controlar el "correcto" tratamiento de los vehículos fuera de uso, desde el momento en que los ciudadanos los entregan en un concesionario o centro autorizado, hasta su gestión final, para certificar que son sometidos a los procesos de descontaminación adecuados, en los lugares debidamente autorizados y acondicionados para ello.

La Guardia Civil estableció dos fases en el desarrollo de la operación con la finalidad de verificar el cumplimiento de la normativa reguladora del tratamiento de este tipo de residuos en todas las fases de su gestión.

En la primera fase, se recopiló información sobre los establecimientos a inspeccionar, mientras que en la segunda fase, se efectuaron las inspecciones sobre dichas instalaciones, así como sobre otras que iban surgiendo en el transcurso de la propia operación.

IRREGULARIDADES

Las principales irregularidades observadas, según ha precisado la Benemérita, estaban relacionadas con el "inadecuado tratamiento y almacenamiento" de los vehículos, con el consiguiente perjuicio para el medio ambiente, así como con la carencia de documentación necesaria para el ejercicio de la actividad.

En la operación han participado un total de 318 efectivos pertenecientes al Servicio de Protección de la Naturaleza, con el apoyo puntual de unidades de Policía Judicial de la Guardia Civil.