Los afectados por los perjuicios derivados de las riadas de finales de 2010 y principios de 2011 en Écija (Sevilla) presentarán un recurso contencioso-administrativo ante los tribunales en los próximos días del mes de junio si para entonces no cuentan con una respuesta positiva por parte de las administraciones, al haber pasado el plazo preceptivo de seis meses desde la interposición de reclamaciones administrativas.

El letrado de los afectados, Fernando Osuna, ha precisado a Europa Press que, en este sentido, ni el Gobierno de la Nación ni la Junta de Andalucía ni el Ayuntamiento astigitano han respondido a la pretensión de los afectados, por lo que, de no mediar posicionamiento en las próximas semanas, se presentaría esta acción judicial.

Pese a haber varias administraciones implicadas, la instancia que probablemente recibiría el caso sería el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en orden a facilitar las gestiones a los afectados. "Tenemos otros seis meses para presentar el recurso, pero si no hay respuesta, o si es negativa a nuestros intereses, lo haremos en los primeros días del mes que viene", ha manifestado.

Los vecinos consideran que ha existido una mala gestión del problema por parte de las administraciones. En sus peticiones se hacen constar los daños psicológicos y morales —"hay gente que no duerme bien"—, así como el lucro cesante que supone vivir en inmuebles "depreciados" por el hecho de estar construidos sobre zonas susceptibles de inundación.

"El Consorcio de Compensación de Seguros no paga estas cantidades, con lo cual los afectados se quedarán sin cobrar, a no ser que reclamen a través de la plataforma que se ha creado", ha subrayado Osuna, que ha agregado que el hecho de que algunos afectados hayan cobrado del Consorcio de Compensación de Seguros no obstaculiza para que puedan reclamar por la vía iniciada, es decir, que pueden cobrar además de lo que ya han recibido del Consorcio.

Osuna también representa los intereses de en torno a una decena de reclamantes de Lora del Río, por las mismas razones. En este caso, el año de prescripción se ha interrumpido con una reclamación, en un proceso que tendría su continuidad con más pruebas y el pago de los peritos.