La futura Ley de Inclusión Social modificará la Renta de Integración Social de Galicia (Risga) que, "por primera vez", será compatible con los ingresos obtenidos de trabajos esporádicos o de baja remuneración. Se agilizan también los trámites para su concesión, que pasan de tres a dos meses, a excepción de los casos que se tramiten como urgentes —en casos de violencia machista, por ejemplo, el plazo será de un mes—.

Lo ha explicado el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, tras el Consello de la Xunta, que dio luz verde al anteproyecto de ley que fija tres tramos para la nueva Risga y que la hace compatible con ingresos laborales. El objetivo, según Feijóo, es evitar la exclusión "crónica" facilitando al perceptor que pueda mantener la prestación con un trabajo y combatir la economía sumergida.

La Xunta busca "una ley más integradora", en el marco de la estrategia europea 2020, por lo que refuerza la "coordinación" de políticas sociales y empleo creando un criterio de inserción "único y coherente". "Promovemos el acceso al mercado del trabajo y proponemos una cuantía a mayores si se cumple el itinerario laboral", ha avanzado Feijóo, para añadir que la memoria económica de la nueva ley computa 100 millones de euros entre 2012 y 2014.

Conforme a los principios de la nueva ley, que actualiza una norma de 1991 y que iniciará ahora su trámite parlamentario, las oficinas de empleo y el personal de orientación e intermediación tendrán un papel más relevante a la hora de atender a los usuarios. Sus profesionales harán una diagnosis de empleabilidad, acción que tendrá continuidad con el seguimiento a través de acciones de orientación.

En cuanto a la nueva Risga, quedará dividida en tres tramos para adaptarse a cada caso: el personal y familiar; el de inserción; y el de transición al empleo.

Eliminación del límite de 4 AÑOS

El tramo personal y familiar garantizará una cuantía mínima destinada a la cobertura de las necesidades básicas de sus perceptores, que deberán cumplir un acuerdo de integración socioeducativa de los menores convivientes, cuando los servicios sociales comunitarios lo vean necesario para garantizar su bienestar y derechos sociales.

Por primera vez, el Ejecutivo autonómico destaca que se incluye "de forma explícita" el compromiso de una intervención concreta con menores.

Entre las novedades la ley, Feijóo ha subrayado también que este tramo será prorrogable anualmente "sin límite", mientras que hasta ahora existía un plazo máximo de cuatro años, que ahora se elimina. La cuantía de esta prestación se amplía en el caso de presencia de mayores o menores en la unidad familiar.

La cuantía básica es la misma que existía hasta ahora —399,38 euros—, pero los porcentajes en las que se amplía según haya más miembros en la unidad familiar serán "mayores" que las actuales. En concreto, los perceptores recibirán el 75 por ciento del IPREM, pero por el primer familiar se pasará del 12 al 14 por ciento y del 10 y al 12 por ciento en el segundo.

Acceso a un puesto de trabajo

El tramo de inserción se centrará en la vocación integradora y sus beneficiarios deberán cumplir un itinerario orientado a la inserción laboral, en el que se incluyen también acciones formativas. Este tramo tendrá una duración de 18 meses.

Los perceptores incluidos en este tramo —teniendo en cuenta una sola persona, sin complementos familiares— percibirán 665,63 euros, frente al máximo que podían percibir hasta ahora con los complementos de gastos de inserción y que ascendía a 599,08 euros.

Por último, los beneficiarios del tramo de transición al empleo percibirán durante sus primeros seis meses de trabajo una cuantía que se irá reduciendo gradualmente hasta extinguirse. Lo que se percibirán —entre el empleo y la Risga— tendrá un límite de 865 euros.

Compatibilidad y ayudas de emergencia

Además de hacer compatible la Risga con empleos esporádicos o de escasa cuantía para evitar que ningún usuario renuncie a realizar un trabajo o recurra a la economía sumergida, también se establece la compatibilidad con prestaciones económicas de cuantía menor que la de las pensiones no contributivas.

La nueva normativa modifica también las ayudas de emergencia social (AES), que ahora pasan a denominarse ayudas de inclusión social (AIS) y que pasarán a financiar nuevos aspectos. Así, además de sufragar situaciones de grave emergencia, financiarán también actuaciones de acompañamiento o reforzarán medidas de apoyo de los diferentes tramos de la Risga.

En el texto también se fomentan las empresas de inserción y su reconocimiento, así como la adopción de otras medidas de inclusión social, como las acciones de discriminación positiva den las políticas activas de empleo.