Valle de los Caídos
Valle de los Caídos
La ley que amplía los derechos de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura aprobada el viernes prohíbe expresamente celebrar actos políticos, de exaltación de la Guerra Civil o de la dictadura en el recinto del Valle de los Caídos-

La fundación que gestiona el Valle de los Caídos tendrá que reconocer la memoría de todos, incluidos los republicanos
El tercer punto del artículo dedicado a este monumento establece que la fundación que lo gestiona habrá de incluir entre sus objetivos el honrar la memoria de todos los españoles fallecidos por la guerra -entre 1936 y 1939- y durante la represión franquista, a fin de reconocer la memoria de todos ellos al margen del bando en el que lucharan durante la contienda.

Ello, según dijeron fuentes gubernamentales, obligará a modificar los estatutos de esta fundación.

Símbolos franquistas

Se retirarán sólo cuando exalten "a una parte" de los españoles que participaron en la guerra.

No se retirarán aquellos que por su valor artístico se aconseje su conservación
No obstante, la obligación se refiere únicamente a los escudos, placas conmemorativas ubicadas en monumentos y edificios públicos de titularidad pública estatal, y tendrá como excepción aquellos casos en que su valor artístico o cultural aconseje su conservación.

Un ejemplo de ello puede ser la gran vidriera con el escudo preconstitucional del Alcázar de Segovia, apuntaron las fuentes.

Los ayuntamientos decidirán sobre sus calles franquistas

Como la medida sólo afecta a los inmuebles del Estado, la ley se limita a recomendar actuaciones similares para los que pertenezcan a las comunidades o ayuntamientos, que decidirán si, por ejemplo, retiran los nombres de sus calles referidas a protagonistas o hechos relevantes del franquismo.

La norma prevé la posibilidad de elaborar un catálogo con los símbolos que tendrán que ser retirados.

PP, IU y ERC, en contra de la ley "suavizada"

El portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, acusó hoy al presidente del Gobierno de querer "dinamitar" la Transición y recuperar la "hostilidad de unos contra otros" con esta ley con el que, según dijo, "no se persigue ayudar a nadie", sino "tensar, crispar y reabrir un debate que todos nos habíamos comprometido a olvidar" con la aprobación de la Constitución de 1978.

Por su parte, el coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, anunció que presentará una enmienda a la totalidad si el Gobierno "no rectifica" el anteproyecto, porque entiende que "falta al compromiso" de reparar a las víctimas del Franquismo.

IU exige que se incluyan "aspectos fundamentales" como la anulación de las sentencias de los juicios sumarísimos y militares, así como de los procesos que se siguieron en los tribunales de orden público, una exigencia que asume ERC.

Su portavoz en el Congreso, Joan Tardá, dijo que si no se incluye esta iniciativa "se estará dando carta de legalidad a unos juicios que no dictaron justicia, sino venganza y represalia a los que defendieron la democracia".